Las asonadas contra los soldados que terminan secuestrados por comunidades instrumentalizadas por los grupos armados ilegales en diversas zonas del país, ya superan las cien desde 2021 hasta ahora, en una prueba de como los violentos intentan poner al Estado contra la pared.
Solamente en lo corrido de este año el número de acciones de esta naturaleza contra las Fuerzas Militares asciende a 30, en los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Putumayo, Valle, Caquetá y Norte de Santander. 

Al analizar estos datos surge la conclusión de que se trata de una táctica de las organizaciones criminales  de usar a la población civil de escudo para intentar evitar que se lleven adelante las operaciones militares en regiones donde manejan economías como las del narcotráfico.

En medio del control ilegal y del uso del miedo como herramienta de sometimiento, los combatientes ilegales ejercen presión sobre las comunidades con el propósito de que ellas se opongan a que la Fuerza Pública haga presencia y control en los territorios, terminando en situaciones como las de los 72 militares que estuvieron retenidos contra su voluntad en El Tambo, Cauca. 

Se advierte que ya no se trata de acciones aisladas sino de maniobras periódicas que dejan ver como los habitantes de vastas regiones son utilizados por las organizaciones armadas ilegales para que confronten, retengan y presionen para que los miembros del Ejército salgan de esas áreas.

Y no es de cualquier lugar del que se busca que los integrantes de las Fuerzas Militares se vayan. Se trata de enclaves en los que se encuentran grandes extensiones de cultivos de hoja de coca que alimentan el negocio de la cocaína que a su vez es el combustible del conflicto armado.

Hacia la disidencia de las Farc es donde apunta la mayor parte de maniobras de esta naturaleza, la que también es utilizada por el autodenominado Ejército de Liberación Nacional.

Al gobierno del presidente Gustavo Petro le corresponde emprender de inmediato una acción más contundente para demostrarles a los agentes generadores de violencia que su política de ‘Paz Total’ no  significa debilidad y ‘manos atadas’ de las Fuerzas Militares.

Para ello tiene que convertir su mensaje de X en plan de acción inmediato. “Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”.

Es necesario que los colombianos vean que no fueron tan solo palabras convirtiendo las mismas en gestiones y hechos para detener esos secuestros que a la final terminan enviando el mensaje de un Estado que es superado y que pareciera estar en jaque frente a organizaciones criminales que mediante esa práctica demuestran poderío en determinados lugares del país.

Está claro que el gobierno tiene que usar todas las herramientas militares, judiciales y de erradicación forzada de cultivos ilegales como una forma de romper la cadena de cultivo, producción y millonarias ganancias del narcotráfico y  de hacer valer su presencia en todos los rincones de la patria.

Es indispensable el respeto y el apoyo a los soldados y policías que van a los territorios dentro de las operaciones encaminadas a la recuperación y transformación de los mismos, con el fin de buscar que la influencia de los generadores de violencia sea igualmente erradicada y así la ilegalidad y el conflicto armado den paso a la seguridad, el desarrollo y la paz.

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