Acabamos de ver a Jhon Mechas, el mismo que está señalado de atentar  contra el expresidente Iván Duque, anunciando un cese del fuego indefinido contra  la Fuerza Pública por parte de la disidencia de las Farc al mando de alias Calarcá.

De inmediato las dudas asaltan porque en la dura vida diaria del Catatumbo esta tregua que solamente significa no atacar a soldados o policías, deja por fuera a la población civil que va a continuar quedando expuesta a todo tipo de hostilidades.

En un territorio cruzado por una incesante guerra entre el Eln y la disidencia de las Farc, que a mediados de enero cumplirá un año, ese tipo de treguas como la decidida por dicha organización produce más sinsabor y preocupación.

En este caso específico, los disidentes le muestran un comportamiento de supuesta buena voluntad al Estado dejando de lado los ataques contra la Fuerza Pública, tal vez como indicativo de que sí tienen interés de cumplir con la zona de ubicación temporal proyectada en Tibú.

Sin embargo, a la hora de la verdad al analizar la letra menuda se advierte que no  todo es color de rosa puesto que subsiste la advertencia de que “esta decisión no tiene ningún efecto frente a otros grupos con quienes sostenemos una confrontación armada en diferentes lugares del país”.

Para el caso concreto del Catatumbo esa precisión es equivalente a que las balas, los bombazos, secuestros, desapariciones,  desplazamientos y campos minados seguirán persiguiendo a los pobladores de la zona, porque en medio de las hostilidades todos quedan expuestos y cualquiera puede llegar a ser considerado enemigo y ser objeto de ataque.

Son razonables, por lo tanto, posiciones como la de Luis Fernando Niño, consejero de paz de Norte de Santander, al señalar “que estamos pidiendo es un cese total al fuego, para que no se vea afectada la población civil”.

Nadie entiende que la disidencia se vanaglorie por una tregua a medias a sabiendas de que sus fusiles y sus bombas seguirán apuntando hacia la población que continúa convertida en el escudo tras el cual se ocultan los grupos armados ilegales.

Lo anterior, porque no hay maneras de comprobar de forma independiente que sean objeto de ataque por combatientes de organizaciones enemigas y en medio del intercambio quienes siempre resultan llevando la peor parte son los civiles.

Como lo han expuesto diversas fuentes de la zona, los enfrentamientos armados que más han afectado a la población son las que ocurren entre el Eln y la disidencia de las Farc, razón por la cual la preocupación va en crecimiento porque no han cesado y más bien van en aumento.

Entonces, la opción que se reclama es que esas poblaciones tan golpeadas por la degradación de un conflicto que marcó récord históricos en hechos violentos tengan la oportunidad de ser sacadas de  la mirilla, no por un tiempo sino de manera definitiva puesto que son víctimas de una inseguridad sin fin.

En ese sentido debería el Gobierno nacional, desde su maltrecha política de ‘Paz Total’, conminar a ambos grupos a decretar un cese unilateral e indefinido de las hostilidades en el Catatumbo como un compromiso con el país máxime ahora que se va a cumplir un año de su irracional lucha armada por asumir el control de esa subregión nortesantandereana.

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