Seis meses se cumplieron de un hecho que sigue marcando a Norte de Santander  como lo es la guerra en el Catatumbo, entre el Eln y la disidencia del 33 de las Farc.

Justo cuando surgía el recuerdo del luctuoso acontecimiento ocurrió en El Carmen un ataque con drones explosivos lanzado por el Ejército de Liberación Nacional, asesinando a tres soldados profesionales y causándoles heridas a ocho más.

No se puede decir, en este momento, que las condiciones de orden público en aquella subregión están controladas ni que las organizaciones armadas al margen de la ley están debilitadas, porque eso no es cierto.

Semejante incursión terrorista contra  tropas de la Fuerza Pública con el uso de drones dotados con artefactos explosivos improvisados es indicativo que el Eln ha fortalecido el uso de esa clase de operaciones para atentar contra la población civil y las fuerzas del orden.

En un territorio tan amplio como lo es el catatumbero se advierte que el Eln, al que se el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, califica de “cartel” por los vínculos con el narcotráfico, está extendiendo la ‘guerra aérea’.

Lo peor de todo esto, es que ni es un hecho aislado ni un asunto relacionado con esa belicosa pugna entre Eln-disidencia, no. Lo mismo sucede también en el Cauca.

Reportes señalan que entre el primero de enero y el 13 de junio del presente año las Fuerzas Militares han registrado 94 ataques con elementos voladores que llevan  explosivos.

Lo anterior se trata de una flagrante  violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, aparte de que al igual que  las minas antipersonal representan una nueva amenaza para la población civil, que en el caso específico del Catatumbo ha resultado impactada.

Para contener este peligroso y explosivo enemigo es evidente que las unidades militares y policiales en el país deben ser dotadas y fortalecidas con equipos especializados.

Al Gobierno nacional le corresponde asignar las partidas y organizar y preparar todo lo relacionado con la adquisición de esos sistemas teledirigidos de vuelo tanto para inhibir y sacar del aire a los drones que representan amenazas y a su vez contar con sistemas similares para operaciones de inteligencia, localización y acciones ofensivas contra posiciones de las organizaciones ilegales.

Por los lamentables hechos ocurridos en estas áreas del país se observa que las patrullas no tienen la capacidad técnica para contrarrestar y responder a incursiones como esas.

En este nuevo escenario en el que los drones se volvieron parte del arsenal, lo lógico es que el Estado dote al Ejército y a la Policía de los sistemas y elementos de última tecnología para contar con una capacidad ofensiva y defensiva que garanticen la seguridad a los civiles y dejen sin funcionalidad los equipos atacantes.

Tenemos que admitir, que nuestro conflicto armado ha escalado y que ya no es convencional sino que es urgente masificar los antidrones y otros aditamentos especializados para no darle ninguna clase de ventaja a quienes persisten en prolongar la violencia en la región y en el país.

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