En la audiencia del Catatumbo, desarrollada por la Corte Constitucional, se describió un desolador panorama luego de once meses del incesante enfrentamiento armado entre el Eln y la disidencia de las Farc.
Los hechos sirven de irrefutable evidencia para demostrar las distintas situaciones calamitosas registradas en esa subregión nortesantandereana, donde la crisis humanitaria impacta de manera desproporcionada a mujeres, niñas y adolescentes, como lo advierte la Defensoría del Pueblo.
Tener las declaraciones de 299 personas sobre hechos de violencia sexual, y el haber documentado hasta el momento 36 casos de reclutamiento forzado que involucran a 64 menores de edad, ya demuestran que las hostilidades contra la población civil siguen siendo el ‘arma’ preferida para ejercer control social, imprimir temor, al igual que vulnerar y arrasar con los derechos humanos por parte de los grupos armados ilegales.
Otra ratificación de que continúa encendido el fragor de la guerra, proviene de la grave descripción señalada esta semana por una comisión de verificación humanitaria en Tibú y varias veredas. “De manera preliminar se evidencia temor generalizado de las comunidades ante la constante presencia, principalmente en horario nocturno, de drones en las zonas, así como el aumento de minas y artefactos explosivos cercanos a los lugares de vivienda”.
Que esta clase de situaciones estén ocurriendo producen la sensación de que ambas organizaciones que están trenzadas en la cruenta lucha armada no tienen ningún compromiso real con la paz, sino que su meta es apoderarse de las economías ilegales y de ejecutar acciones para intentar asumir como si fueran quienes ejercen el poder en la volátil región.
Ni a Norte de Santander ni a Colombia y mucho menos a los habitantes de los municipios del Catatumbo les conviene que persista este ambiente de guerra, el cual no ha parado, sino que más bien empeora cada vez más.
Hasta las mismas salas de seguimiento de la Corte Constitucional manejan el concepto de que la crisis humanitaria en el territorio catatumbero persiste y sigue siendo muy grave.
Todas las alarmas, alertas, denuncias y consideraciones sobre la pesadilla subsistente contrastan y le restan fuerza a lo decidido por el Gobierno nacional en abril de este año, cuando declaró restablecido el orden público en el Catatumbo.
Otra prueba más de que no todo está bien surge de un video emitido por un medio de comunicación nacional que entrevistó a Andrey Avendaño uno de los negociadores de la disidencia de las Farc y comandante del frente 33. Y entre lo que dijo ratifica la percepción que todo seguirá empeorando.
“Mientras el Eln no desista de ese macabro plan de manipular a la gente del Catatumbo y la economía para sus intereses personales, va a ser imposible que haya paz. Nosotros tenemos un proceso con el Gobierno, pero el Gobierno no nos va a proteger a nosotros de que el Eln nos mate”.
Y mientras siguen soplando vientos guerreristas con la amenaza de la llegada de nuevos actores armados, vale la pena recordarle al presidente Petro la sugerencia de la Defensoría del Pueblo para que el Estado ejerza el control territorial efectivo por parte de la Fuerza Pública y la articulación entre instituciones para lograr una intervención integral y coherente con el Pacto Catatumbo, en la que se combine seguridad, justicia social y construcción de paz.
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