Al pasar el primer año de la reapertura fronteriza colombo-venezolana nos encontramos que hay un inconveniente que merece con urgencia soluciones de alto nivel, entre ambos gobiernos.

La cuestiones del transporte público binacional de pasajeros requeriría en estos momentos que se eleve a nivel de un tratado que tenga las bases sólidas para la solución de diversas complicaciones.

Ahora que estamos en el renacer de las relaciones tanto diplomáticas como las de carácter económico, social y político, sería muy importante que los gobiernos de Bogotá y Caracas conformaran comisiones especiales para considerar el aspecto relacionado con el transporte entre ambos países, más especialmente en la frontera.

No es un secreto que el paso fronterizo entre Táchira y Norte de Santander en la práctica no tiene límites y por ello se necesitan unas reglas claras que no les compliquen la vida a los ciudadanos de ambos países dentro de esta conurbación natural.

Por ejemplo se encuentra lo señalado por el informe periodístico de La Opinión sobre el rifirrafe en que están trenzados los conductores del servicio público individual de Colombia y Venezuela, por la forma en que, según ellos, los tratan las autoridades de transporte, avivó el ambiente con las denuncias que de parte y parte se lanzaron hacia ambos lados.

Es lógico que después de tanto tiempo de ni siquiera hablarnos y de tratarnos con recelo mientras no había ninguna clase de intercambio ni cruce de vehículos, la fragilidad institucional sea obvia y que cuestiones naturales dentro de esa interrelación en esta parte de la frontera, así como por Arauca-Apure, por ejemplo, generen complicaciones.

Lo peor es que son numerosas las situaciones relacionadas con el transporte terrestre que a cada momento generan choques y dificultades, que señalan la particularidad de que la apertura de la frontera necesita una fortaleza jurídica, diplomática y organizacional.

Sentar a los expertos a organizar, crear y definir las mejores opciones para superar toda la clase de situaciones que se registran en el campo del tránsito de pasajeros binacional, es algo que necesita hacerse con urgencia, dentro de todas muchas otras materias relativas al transporte.

La regulación estructurada y con normativa clara y precisa, consensuada entre los dos Estados, es esencial para el caso de las taxis de servicio público colombiano y venezolano cuando van a cada una de las regiones fronterizas del país vecino.

 De esa manera se pondría freno a situaciones como las denunciadas por conductores venezolanos que señalan a sus colegas de Cúcuta de ‘acusarlos injustamente’ de estar prestando servicio pirata en el área metropolitana.

Y contener las afirmaciones de la ‘mancha amarilla’ colombiana de que en Ureña los someten a ‘matraqueo’, exigiéndoles fuertes sumas de dinero para poder ingresar a esa localidad tachirense.

Todo eso, sumado al SOAT y a su seguro recíproco venezolano, la habilitación de los buses venezolanos y colombianos para cruzar la frontera, el límite  hasta donde pueden llegar y la documentación exigida, requiere que se adopte esa política integral bilateral, para lograr aquello de la ‘humanización de la frontera’.

Poner toda esa clase de situaciones sobre la mesa y coordinadamente detallar las medidas claras y precisas facilitará el flujo de personas por los puentes internacionales, le cerrará el paso a la piratería, le pondrá orden al parque automotor de servicio público fronterizo y ayudará a dinamizarlo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .