Como en Caracas hay oídos sordos a sus pedidos para romper las cadenas y lograr la liberación de 25 colombianos quienes  sin motivo aparente alguno fueron enviados a prisión por el régimen de Nicolás Maduro, y la Casa de Nariño no volvió a pronunciarse, en los últimos días se registraron cierres en el puente internacional Simón Bolívar por parte de los familiares.

La particularidad fue la vivida el viernes cuando por poco todo termina en un enfrentamiento entre hermanos ante los airados reclamos de comerciantes de la zona para que el paso que une a San Antonio con Villa del Rosario fuera reabierto.

La historia se encargará de determinar, finalmente, si hubo insolidaridad frente a un reclamo de carácter humanitario hecho por familiares de personas que prácticamente fueron encarceladas sin que surtiera el debido proceso  y mediante una práctica de retención ilegal al imponerles cargos sin soporte suficiente.

Pero también hay algo sumamente peligroso y es un señalamiento que se ha vuelto muy común cuando ocurren esta clase de manifestaciones y es el de que muchas personas van porque les pagan.

Eso les acaba de pasar a las madres, esposas, hijos y demás familiares de quienes  cayeron en poder de las autoridades vecinas prácticamente por ser colombianos, llegando a implicarlos como mercenarios o agentes infiltrados para el desarrollo de tareas de espionaje.

Así como es muy delicada la situación que vienen enfrentando no es menos grave la revictimización y señalamiento sin pruebas ni fundamentos de fueron a cerrar el paso fronterizo a cambio de dinero, en lo que pareciera una maniobra para desnaturalizar este pedido que las familias hacen a voz en cuello.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos deben asumir la defensa de las familias y contrarrestar esa clase de acusaciones. Por tal razón es muy acertada la respuesta dada por uno de quienes luchan por tener a los suyos en sus hogares, antes de la Navidad:  “es más fácil que una persona se canse cuando le están pagando, no es nuestro caso. Nosotros llevamos 15 meses y no nos hemos cansado. Hemos andado por toda Colombia, hemos hecho manifestaciones en Cali, en Bogotá, más de cinco veces, en Arauca, en Villanueva”.

Con ese nubarrón, hay que proseguir la presión nacional e internacional para la liberación de connacionales a quienes también les han puesto la etiqueta de paramilitares y por ello los mantienen en las prisiones venezolanas.

El chavismo, en medio de la tensiones que se registran con el gobierno de Estados Unidos, debiera dar una prueba de ‘buena voluntad’ y soltar a los 25 colombianos para que finalice la perturbadora situación que ellos enfrentan.

Al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde poner este caso en un orden de extraordinaria prioridad para  procurar su regreso sanos y salvos.
Por el momento, una velatón  cerró la jornada de exigencia para que cese la violación de los derechos humanos de estos connacionales, sin antecedentes penales, quienes cometieron el error de cruzar la línea fronteriza para ir a caer en manos de las fuerzas chavistas que los siguen señalando de diversidad de delitos

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