

El Catatumbo sigue en el foco nacional e internacional y en esta ocasión son los cultivos ilícitos que cubren una extensión de 43.000 hectáreas cuya sustitución tenía un punto central dentro del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc. Pero, hoy, al seguir en pleno furor la crisis humanitaria en la región ocasionada por la guerra entre el Eln y la disidencia de las Farc, queda plenamente demostrado que la hoja de coca ha crecido en la región y que el narcotráfico sigue siendo el principal combustible del conflicto armado.
En dicho escenario y con miles de desplazados, numerosos asesinatos y cientos de confinados, el Gobierno nacional ahora planteó un cambio en los métodos para enfrentar el problema de la coca y la cocaína en dicha subregión nortesantandereana. Se trata del proceso conocido como “Renhacemos Catatumbo”, una especie de plan de erradicación exprés, dirigido a habitantes de Convención, Tibú, El Tarra y Sardinata, que es objeto de fuertes críticas por parte de las propias comunidades que iban a ser beneficiarias.
Puede decirse que tienen razón y que el Estado está incumpliendo la profundización del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) que ya está definido y lo que debería -entonces- es aplicarlo con toda la rigurosidad, en lugar de improvisar o ensayar otro esquema.
“Que sea por allí la ruta y no cada institución inventando un programa desarticulado, que no sabemos si va a tener éxito o no; porque es un experimento que se hace y de acuerdo con la experiencia que tenemos en la región, va a fracasar”, es una lapidaria advertencia que a la administración nacional le corresponde confrontar con resultados positivos.
Por lo tanto deben hacerse realidad de manera inmediata asuntos como empezar a pagar por la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos de raíz, garantizando no solo la compensación por su eliminación, sino también el valor de la sustitución por otro cultivo y el sostenimiento de las familias mientras los productos elegidos empiezan a dar frutos.
Todos esos pasos hay que garantizarlos y, simultáneamente, mejorar en todo lo relacionado con vías de comunicación, los servicios de salud, el mejoramiento de las cobertura y calidad de la educación y el respaldo a los proyectos productivos y la inversión social. Si quiere el Ejecutivo que el Catatumbo no solamente sea recordado por la peor crisis de la historia en materia humanitaria y de orden público, deberá de emplearse a fondo para que la iniciativa marche sin traumatismos de ninguna clase.
Es necesario probar que las transferencias de hasta un salario mínimo por familia condicionada a la eliminación de la hoja de coca de sus tierras tendrán el efecto esperado en que la nateria prima del narcotráfico sea erradicada y la región deje atrás definitivamente ese mal con el que ha cargado a cuestas.
Y para que esto no se quede en otro invento que no funcionó, al Gobierno nacional le corresponde poner en marcha o al menos firmar el Pacto Catatumbo para que las acciones en infraestructura, saneamiento básico, agricultura, energía eléctrica y otros servicios se activen y pongan en marcha las inversiones y las obras para un rescate definitivo del Catatumbo y que ya no sea más escenario de una guerra sin final.
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