En el listado de 17 masacres sucedidas en Colombia, a lo largo del presente año, documentadas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), aparecen dos ocurridas en Norte de Santander, y no por allá en los confines, sino en Cúcuta, en menos de 15 días.

Una en la trocha La Isla y otra en Banco de Arena, pero la Policía Metropolitana sigue insistiendo en que esos asesinatos no fueron aquí sino en territorio del otro lado de la frontera, en Venezuela.

Sin embargo, no podemos ocultar el sol con un dedo y reconocer que el territorio fronterizo es de nuestro resorte y el cual está lleno de dificultades de alta peligrosidad, como es la presencia de bandas criminales, guerrilla, disidencias y delincuencia común que hacen de las suyas ahí.

El narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, los delitos ligados al paso de migrantes y la extorsión que de las trochas se trasladó a zonas cercanas a los puentes internacionales, son situaciones graves que lógicamente tienden a desencadenar en hechos sangrientos en medio de esas disputas.

Hace poco, la negación al hecho de que la peligrosísima banda del Tren de Aragua estaba montando el ‘imperio de la vacuna’ tanto aquí en La Parada como del otro lado del puente Simón Bolívar, allá en San Antonio, quedó en entredicho al descubrirse que les cobraron una extorsión a ciclistas que participaron en la Vuelta al Táchira y que se disponían a regresar a sus países de origen por Cúcuta.  El caso no prosperó porque capturaron a cinco, al otro lado del Táchira. 

Ese asunto nos pone entonces a pensar en que ya es hora de dejar de lado ese rompimiento de comunicaciones entre las autoridades militares y policiales, a ambos lados, porque el distanciamiento ha llevado a favorecer al crimen organizado, que aprovecha esa carencia de coordinación bilateral para darles seguridad a quienes pasan por los puentes.

Y ese pesado ambiente que en materia de orden público estamos viviendo no tiene límites, al llevarnos a recordar los tiempos en que la guerrilla atacaba a los pueblos, como sucedió el viernes en La Y Astilleros, en El Zulia, donde la estación de Policía recibió una explosiva lluvia de morteros.

Queda la ciudadanía con muchas dudas e inquietudes, porque los anuncios oficiales para el fortalecimiento de la operatividad policial y militar no resultan siendo tan efectivos como se anunciaban.

Lo que se nota es que existe una debilidad en el campo de la inteligencia dentro de los organismos de seguridad del Estado para estar tras la pista de las organizaciones armadas ilegales, para anticiparse y desbaratarles los planes terroristas que tengan en marcha.

Así como hubo aplausos para el trabajo de filigrana que permitió saber los más mínimos detalles sobre el ataque con maletas cargadas de explosivos en el aeropuerto Camilo Daza, los cucuteños y nortesantandereanos les reclaman al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares hacer más esfuerzos en ese campo detectivesco.

Pero, además, esos documentos que se evalúan en las salas de crisis sobre los factores de riesgo basados en los estudios y diagnósticos y en los datos sobre la criminalidad, pues deberían de llevar a la consolidación de estrategias sólidas con diferentes componentes: militares, policiales y judiciales.

Sin embargo, ahí no puede quedar por fuera el factor socio-económico, con el propósito de entrar a atajar la miseria, el desempleo y la desigualdad, porque el narcotráfico y el crimen organizado tienen ahí una fuente para atraer miembros a sus redes.