Muchos de los que están sentados en curules del Congreso de la República pregonan la urgencia de apretarse el cinturón, pero cuando se trata de que ellos pongan su granito de arena, todo cambia y persisten en sus privilegios.

En estos momentos, por enésima vez hace tránsito un proyecto para rebajar en el cincuenta por ciento la asignación salarial de los honorables padres de la patria.

En simultánea, han empezado a sonar las trompetas sobre jugaditas para que sus cuarenta y ocho millones de pesos mensuales sigan con carácter de intocable al igual que sus jugosas prebendas.

Para verlo en perspectiva, algunos datos matan relato y desmontan teorías de animadversión ciudadana hacia los sensores y representantes a la Cámara.

Anualmente, los sueldos de los legisladores le cuestan hasta $172.000 millones a las arcas del Estado. Cada mes ese valor es equivalente a unos $14.300 millones.

Para ser más precisos, este es el décimo segundo intento para que los padres de la patria hagan su aporte a la tan pregonada y escasamente aplicada austeridad en el gasto de los dineros públicos.

Y para aquellos que dicen que se aproveche la consulta popular del presidente Gustavo Petro para incluir esa pregunta ahí, recordemos que en la consulta anticorrupción se hizo, pero como no logró el suficiente apoyo en las urnas, también naufragó.

Ahora en que estamos en estos tiempos de polarización extrema, con el hundimiento de las reformas y pulsos entre el Gobierno y la oposición, los ciudadanos están expectantes frente a lo que haga el Legislativo con las asignaciones de sus miembros.

La señora o el joven que al mes reciben el salario mínimo y quienes saben que los congresistas devengan hasta 34 veces más que ellos, esperan a ver si esta vez el proyecto logra salir adelante y ahorrarnos hasta $86.0000 millones anuales por ese solo concepto.

Lograrlo que salga adelante equivale a un mensaje al Estado colombiano para que también haya una acción tendiente a recortar los gastos de funcionamiento y a elevar en la misma magnitud la inversión social y de infraestructura que tanta falta hacen para solucionar viejos problemas en el país.

Y es que además ese título de honorable que adquieren los congresistas al ser elegidos, es porque le llegan a prestar un servicio a la patria con el fin de contribuir a sacarla adelante y para que la Constitución y la ley se apliquen a cabalidad en favor de todos los colombianos.

Pedir que se reduzca el salario de los miembros del Senado y Cámara no es ningún sacrificio o cuota inicial para que sean vistos como los salvadores, sino como una obligación moral para con el país dentro del necesario cambio de costumbres políticas que se requiere con urgencia.

La baja credibilidad de los colombianos en instituciones como el Congreso de la República hace más obvia la necesidad de aplicarle drásticas medidas de ajuste a la baja en sus gastos y de ejercer controles más severos al ausentismo en el entendido de que así como ellos reclaman eficiencia y eficacia, pues deben de ser los primeros en dar ejemplo y ponerla en práctica.

No hay excusa válida para que en esta nueva oportunidad no acepten el reto de que sus fabulosos ingresos sean recortados, actuar de manera contraria será ir en contravía de las necesidades de los colombianos de a pie  que siguen sin entender ni comprender la profunda brecha de desigualdad entre los legisladores y ellos.

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