Bloqueos en las carreteras ocurridos durante protestas de diversa índole terminan siendo demasiados costosos para la economía y las actividades diarias, como lo han confirmado diversas organizaciones, tanto en el país como en la región.

El departamento que lleva la delantera en esa clase de taponamientos y cierres para hacer cualquier tipo de exigencia a las autoridades nacionales o locales es La Guajira, que entre enero y junio sumó 49 protestas de esta naturaleza, seguido por Magdalena con 48, Bolívar 34 y 33 en Córdoba y Santander, según las estadísticas de Colfecar.

Hay diferentes maneras de medir los efectos y es así como se advierte que esas acciones de interrumpir el tráfico vehicular en las vías colombianas equivalió a la pérdida de 6.426 horas durante los 410 bloqueos que en su conteo lleva la Federación Colombiana de  Transportadores de Carga.

Este año, enero es el que hasta el momento más hechos de esta clase ha registrado, con un total de 81, equivaliendo a que se perdieron 1.555 horas de labores.

Una perfecta descripción de la intensidad de lo sucedido la tiene Fedetranscarga, cuyo vicepresidente  Arnulfo Cuervo hizo la siguiente descripción a la prensa:

“Solamente nuestro gremio ha perdido más de 4.000 horas de trabajo productivo. y en agosto, tan solo en la vía Panamericana, en el sur del país, los empresarios del Cauca, Nariño y Valle han reportado pérdidas superiores a los $10.000 millones y en la Troncal del Caribe, a la altura de La Guajira, ya van 60 bloqueos este año, todo porque parece que la política estatal es negociar bajo las vías de hecho”.

De esto hablamos sin contar la sucesión de paros de taxistas que por ejemplo han ocurrido en el área metropolitana de Cúcuta, uno de los cuales ha quedado para el recuerdo por el grave impacto a la economía de la ciudad que se resintió en algo así como $7.900 millones, en enero de 2023.

Hablando de Norte de Santander, la situación tampoco ha sido distinta y ya se contabilizan 11 bloqueos por diversidad de situaciones en diversos lugares del departamento, en los primeros seis meses.

Casi dos interrupciones mensuales a la vialidad se producen en la región, afectando tanto la competitividad como la movilidad y el transporte de pasajeros y de carga, que ahora está con mayor complejidad como consecuencia del cierre del paso hacia la Costa Caribe por la avalancha de El Tarrita, el pasado 31 de mayo.

Para el director de Colfecar en Norte de Santander, Leonardo Méndez, los bloqueos que más se destacan en 2023 son los protagonizados por los habitantes en las vías Cúcuta-Pamplona, debido a la puesta en funcionamiento del peaje de Pamplonita y en El Zulia, por los retrasos que registraba la obra del nuevo puente Mariano Ospina Pérez.

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Debiera el Gobierno central y las autoridades locales buscar estrategias adecuadas para contener estos hechos y hasta hacer pedagogía de que las regiones no aguantan más paralizaciones de estas pero que a su vez las administraciones se comprometen a hacer  todo lo posible para atender los compromisos congelados en el tiempo, buscar que las obras se cumplan en los tiempos acordados y conjurar mediante la socialización previa los efectos que puedan acarrear sobre las poblaciones algunas de las medidas que se adopten desde el orden nacional o regional.

Razón tiene Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de Colfecar cuando notificó que los cierres viales se están convirtiendo en un círculo vicioso, donde la peor parte la asumen los transportadores de carga, “pues francamente no hay por donde transitar y transportar”.