Para un sistema de salud con tantas dificultades para prestarles una adecuada atención a los pacientes y usuarios, resulta de la mayor gravedad determinar que once billones de pesos prácticamente se perdieron en medio de hechos irregulares de diversa índole.
Bien vale la pena hacerles un seguimiento a quienes resulten siendo responsables fiscales dentro de los 522 procesos que abrió la Contraloría General de la República, puesto que lo más lógico es lograr que esos recursos no se pierdan.

Es indispensable ponerle un freno a la malversación de los recursos públicos dirigidos tanto a curar las enfermedades como a prevenirlas y a  permitir que, por ejemplo, se ofrezca un adecuado sistema de suministro de medicamentos.

Las auditorías, actuaciones especiales y seguimientos permanentes que son los mecanismos utilizados por el organismo de control fiscal para ejercer dicha función representan una opción certera para la identificación de los mecanismos defraudadores y sus ejecutores con el fin de que el imperio de la ley actúe.

Una opción dirigida a optimar estas labores para cuidar los dineros destinados a la salud de los colombianos consistiría en que se unieran la Contraloría, la Procuraduría y la Fisalía en una comisión especial para esas investigaciones y lograr  resultados desde los tres frentes contra los causantes de los billonarios descalabros.

Alcanzar la efectividad mediante esa colaboración interinstitucional constituiría un gran mensaje para el país por parte de las ‘ías’ en la defensa de los recursos públicos que van al servicio de salud, blindándolos frente a las prácticas corruptas.

La ciudadanía reclama que haya fuerte sanciones contra quienes utilizan la salud como moneda de oro para su enriquecimiento personal o de organizaciones dedicadas a afectar las arcas del Estado con operaciones fraudulentas para desviar  las asignaciones hacia todo menos que a ofrecerles una salud de calidad a los miles de usuarios en el país.

Resulta muy delicado lo que descubrió la Contraloría en las 14 alertas que emitió  sobre la construcción de instituciones hospitalarias financiadas por el Ministerio de Salud, en las que señaló fallas en la planeación y ejecución de los proyectos en distintas regiones.

Aspectos como el anterior, sumados a que más de 14 EPS no cumplían los requisitos financieros exigidos por ley, así como la  utilización de $6 billones de la UPC para pagar deudas antiguas, algunas con más de 13 años, en lugar de destinarlos a la prestación del servicio de salud, indican que la urgencia de atender esa enfermedad del sistema.

Para hacerlo hay que mejorar y estrechar los controles, al igual que imponer un seguimiento estricto a los dineros y ante cualquier falla activar auditorías especializadas, corregir las deficiencias y verificar para evitar desvíos, siempre teniendo en cuenta que no debe de haber permisividad alguna con las prácticas corruptas y que las mismas tienen que ser sofocadas de de inmediato y sus autores llevados ante la justicia.

Hechos como los encontrados por la Contraloría General tienen que superarse para que la salud ni siga siendo el botín preferido de la corruptela ni la alternativa  para quienes usan este servicio esencial como fuente para hacer política a costa de los pacientes y beneficiarios.   

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