Norte de Santander sigue lacerado por dos flagelos de carácter humanitario relacionados con el desplazamiento forzoso y la trata de personas que continúan en acelerado crecimiento.

Todo esto ocurre por efecto de un conflicto armado que tampoco quiere ceder en el Catatumbo por el enfrentamiento entre grupos armados ilegales que disputan el control territorial y de las economías ilegales.

Lamentablemente, debemos anticipar que cuando culmine 2025, el departamento quedará en el primer lugar en cuanto a la gran movilidad humana provocada por la guerra entre el Eln y la disidencia de las Farc, cuando miles de personas huyeron para salvar la vida.

Un estudio de la Defensoría del Pueblo relacionado con un análisis del periodo enero-septiembre reseña que Norte de Santander se mantiene como el territorio más afectado por el desplazamiento, con 73.300 personas que tuvieron que abandonar sus hogares en lo que va del año. 

Y de paso reitera que la crisis humanitaria en el Catatumbo continúa siendo la principal causa, alimentada por las disputas territoriales entre grupos armados ilegales. Las consecuencias -según la Defensoría- recaen de forma desproporcionada sobre las poblaciones más vulnerables: mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades indígenas.   

Y lo peor de todo es que ese título equivale a un récord, en razón a que de 91.514 personas afectadas por la salida forzada de sus territorios en Colombia, 73.300 corresponden a nuestro departamento, teniendo presente el reporte de la entidad.

Para resaltar la gravedad de lo acontecido, anotemos que el segundo departamento que sigue en la lista es Nariño, con  5.090 desplazados y en el tercer puesto figura Cauca con 3.705 y de ahí en adelante hay otros nueve departamentos.

Desde tierras nariñenses hasta Guaviare, que son las otras once regiones afectadas por el desarraigo, suman entre todos 18.214 afectados, lo cual marca otro referente la magnitud de la movilidad humana forzada que en solo 2025 ha padecido Norte de Santander.

Los fríos datos dejan ver la crudeza de una práctica que no se puede ocultar, como es la de obligar a las familias a huir en medio de las amenazas y las incursiones de combatientes ilegales que ahora también se han fortalecido su poderío militar al contar con armas como los drones cargados de explosivos.

Norte de Santander sigue atenazado por los nocivos efectos de una interminable violencia que ha ido transformándose,  violando los derechos humanos de miles de personas que son expuestas al reclutamiento, la desaparición, el confinamiento, la trata de personas y el éxodo.

Espera la ciudadanía que en una eventual continuación de los diálogos dentro de la política de ‘Paz Total’ con el Eln y la disidencia de las Farc, por lo menos se planteen líneas rojas que no puedan volver a cruzar dentro de lo que se llama la ‘humanización’ del conflicto.

Uno de los planteamientos que debieran ponerse en la mesa como inamovibles, es que las hostilidades contra la población civil deben ser suspendidas definitivamente para iniciar, continuar o avanzar en las conversaciones de paz, porque si ellos realmente desean llegar a un acuerdo, deben dar muestras claras y concretas desde un principio, siendo una de ellas el respeto a la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

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