Durante los últimos años, el país ha sido testigo de cómo las fronteras se han convertido en territorio de discursos improvisados, decisiones unilaterales y promesas incumplidas.  Cada movimiento diplomático se anuncia desde Bogotá, pero sus consecuencias se sienten en Cúcuta, en Arauca, en La Guajira, en Ipiales o en Leticia. Allí donde el Estado solo aparece para tomarse la foto, pero no para quedarse.

Por eso, el Proyecto de Ley Estatutaria “Ciudadano Fronterizo”, radicado por el representante Diógenes Quintero Amaya, llega en el momento preciso. Porque reconoce que no se puede seguir gobernando de espaldas a los territorios que más sostienen la soberanía nacional. La iniciativa busca que las decisiones internacionales que afecten a las zonas limítrofes no se tomen en secreto entre cancillerías, sino con la participación directa de quienes viven el día a día de la frontera.

En otras palabras, propone que el ciudadano fronterizo —ese colombiano que todos los gobiernos olvidan, pero que mantiene viva la economía, la cultura y la seguridad en los bordes del país— sea escuchado antes de que una decisión diplomática modifique su destino.

La idea es simple, pero poderosa: ninguna política exterior puede ser justa si ignora a quienes la padecen. Cuando se cierra un paso, se corta el sustento de miles de familias; cuando se improvisa un acuerdo, se trastocan las dinámicas sociales y económicas de comunidades enteras. Este proyecto convierte esa realidad en ley: que toda negociación, tratado o ruptura con países vecinos deba ir acompañada de consulta, diálogo y rendición de cuentas a las comunidades directamente afectadas.

Desde el punto de vista jurídico, la propuesta no invade las competencias del Ejecutivo ni del Congreso. Por el contrario, fortalece la democracia participativa y la soberanía popular en los territorios más olvidados del mapa nacional. Además, reconoce formalmente al ciudadano fronterizo como sujeto de especial protección, garantizando que los derechos fundamentales —como la vida, el mínimo vital, la educación o la reunificación familiar— sean salvaguardados cuando las decisiones del poder central alteren el equilibrio de las regiones limítrofes.

Es imposible olvidar que Cúcuta, el Catatumbo y todo Norte de Santander han sufrido las consecuencias directas de la ruptura de relaciones con Venezuela. Miles de familias perdieron sus medios de subsistencia, el comercio se desplomó, la movilidad quedó restringida y el tejido social se resintió sin que nadie los escuchara. Esa herida sigue abierta. Por eso, este proyecto, impulsado desde el propio territorio fronterizo por el representante Diógenes Quintero, no es solo una iniciativa legislativa: es un acto de dignidad y reparación histórica.

Mientras el gobierno central se distrae en disputas ideológicas y promesas de integración que nunca se cumplen, desde la frontera surge una propuesta concreta, seria y profundamente humana. Una iniciativa que, en lugar de usar la frontera como bandera política, la reconoce como lo que siempre debió ser: el corazón de la soberanía nacional.

El Congreso tiene hoy la oportunidad de saldar una deuda con millones de compatriotas que defienden la frontera sin protección ni voz.

Porque en la frontera no termina Colombia: allí comienza.
Y por fin, gracias a este proyecto, podría empezar también a ser escuchada.

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