En lugar de apaciguarse la situación en el Catatumbo, cada instante que transcurre desencadena en más y peligrosas sorpresas, mientras las estadísticas marcan hitos históricos sobre las consecuencias de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en aquella subregión nortesantandereana.

Está por ejemplo  el aleve hecho en que un grupo armado organizado ilegal atacó a balazos la estación de Policía de Convención en medio de un desfile estudiantil poniendo en riesgo la vida de los alumnos y profesores, violando el Derecho Internacional Humanitario.

Se enmarca ese acontecimiento a una degradación del conflicto armado donde combatientes del Eln ya ni siquiera respetan a la población civil y sin ninguna consideración la aprovechan para escudar sus incursiones contra las fuerzas del orden.

Se necesita una fuerte posición de la comunidad internacional frente a todo lo que está ocurriendo en territorio catatumbero, no solamente con llamamientos a acatar los Protocolos de Ginebra, sino a levantarles notificaciones a dicha guerrilla y a la disidencia de las Farc que de continuar con esos comportamientos serán objeto de fuertes acciones judiciales en su contra.

Pero también se les debe advertir que  podrían perder cualquier tipo de reconocimiento dentro del proceso de paz, en caso de seguir abierta alguna posibilidad en ese sentido, debido a las atrocidades cometidas durante este primer mes de la guerra desatada en el Catatumbo.

La otra alerta que se debe lanzar tanto en Colombia como el mundo es que así como los muertos en hechos violentos no hay quien los recoja ni sepulte en lo más profundo de esa conflictiva región, ahora tampoco es tan fácil que las personas enfermas o heridas  por diferentes razones en las áreas veredales de aquellos municipios sean trasladados en ambulancias hacia centros de asistencia médica y hospitalaria.

Ese ambiente de guerra llegó a provocar la adopción de restricciones para ir a buscarlos en la zona rural, fijando una especie de perímetro hasta donde podrían movilizarse los vehículos y personal encargado de esa labor, para evitarles riesgos a los pacientes y a los miembros de la misión médica.

Eso es supremamente grave. No puede ser que debido a los enfrentamientos y las hostilidades de parte de los integrantes de las organizaciones que se disputan el control del territorio y del negocio del narcotráfico, la vida de las personas con quebrantos de salud sea puesta en peligro, al coartarles la posibilidad de acudir libremente a los sitios de atención. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja recuerda que en tiempos de conflicto armado se debe respetar y proteger la asistencia en salud, asunto que como se ve, aquí no se está cumpliendo, porque el fragor de la imparable ola violenta obligó a que hasta las brigadas de salud para ir a vacunar o efectuar labores de prevención en las veredas de esa región se suspendieran, afectando a centenares de personas que residen allí.

Debe exigirse a la guerrilla, la disidencia y demás grupos criminales que hacen presencia en el Catatumbo para que  haya el debido respeto hacia el personal sanitario, los pacientes y los medios de transporte de los servicios de salud, al igual que a los estudiantes -en este último caso- ni sembrando minas en los caminos hacia las escuelas ni reclutándolos forzadamente ni usándolos como escudos. Esas  atrocidades deben generarles consecuencias.

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