La tambaleante política de ‘Paz Total’ vuelve a saltar a la primera plana, pero no porque tenga avances significativos en las conversaciones con los grupos armados ilegales, sino porque entre los negociadores de la disidencia de las Farc ya son dos los detenidos con fines de extradición.
¿Cómo se permite que los grupos envíen a la mesa de conversaciones a personas directamente vinculadas con el narcotráfico y que por esa razón son solicitadas por la justicia de Estados Unidos?
Y Norte de Santander o mejor, el Catatumbo, para ser exactos, apareció en esa ruta de los jefes disidentes del 33 frente de las Farc con cuentas pendientes en el exterior, como es el caso de Willinton Henao Gutiérrez, conocido como Mocho Olmedo. Antes había sido detenido con el mismo fin Elkin Damián Quintero.
Lo ocurrido levanta muchas dudas porque entonces podríamos estar ante un escenario de que esas organizaciones estén utilizando la figura de negociador de paz para intentar evadir que sean llevados ante los tribunales internacionales para responder por hechos relacionados con el narcotráfico.
Ese es otro capítulo sobre posibles maniobras no santas que se empieza a escribir en la ‘Paz Total’, en un hecho que debe de ser manejado con pinzas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, teniendo presente el cumplimiento de los tratados de extradición y por otro el análisis de si es necesario hacer ajustes.
Le corresponde a la oficina del comisionado de Paz, el ministerio de Justicia y la misma Cancillería tener muy presente lo expuesto por la Fiscalía General de la Nación de que “en cumplimiento de compromisos internacionales, dicha suspensión (temporal de las órdenes de captura) no cobija circulares rojas de Interpol como la que se ejecutó”.
Luego si dicha consideración se encuentra muy clara e incluso es considerada como acertada por diversos analistas, entonces tiene que haber una revisión, precisión y advertencia en ese aspecto y tenerla en cuenta al momento de que se designen los voceros y negociadores de las organizaciones armadas ilegales.
Pero además no se puede dejar de pasar por alto que en este instante con la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca y de cara hacia la futura calificación de la lucha antidrogas en Colombia, desconocer o congelar esas extradiciones pueden generar más complicaciones en las relaciones con Estados Unidos.
Una de las posiciones que se plantea es que los compromisos internacionales hay que acatarlos y darles primacía sobre esas suspensiones internas para los procesos de paz colombianos.
Sin embargo, hay ventanas que le darían una opción a que dichas extradiciones no se ejecuten y es que la ‘Paz Total’ tenga avances verificables en las negociaciones.
Luego la salida para que ni a los vinculados con esas órdenes se los lleven a purgar condenas a otro país y que los colombianos tengan opciones reales de que el conflicto armado cese, es la que señala la fiscal Luz Adriana Camargo:
“El gobierno debe acreditar el avance y la Fiscalía debe evaluar que sea una realidad y, en ese caso, la misma ley de la ‘Paz Total’ permite que la suspensión de órdenes de captura se extienda aún a las órdenes de captura con fines de extradición, es decir, las órdenes de captura internacionales”.
Ahí está muy claro. Que no es el hecho de negociar para hacerle el quite a la extradición ni tampoco dilatar y dilatar para hacerse más fuertes militar y territorialmente, porque finalmente los cabecillas negociadores no podrán evadir su viaje hacia los tribunales estadounidenses.
