En el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y la frontera con Venezuela hay zozobra y nerviosismo entre la ciudadanía por la suspensión del cese el fuego con la guerrilla del ELN, que en estas áreas de Norte de Santander constituye un elemento perturbador del orden público.
Hay razones válidas para ese temor, porque si en esas treguas persisten las hostilidades a la población civil, qué se podrá esperar con una reanudación de los ataques contra la Fuerza Pública y el recrudecimiento del secuestro, la extorsión, los desplazamientos, el reclutamiento, el confinamiento y la desaparición forzada.
Ahí queda confirmada la percepción de que la ‘Paz Total’ no cuenta con las suficientes bases para mantenerse consolidada y que se debe hacer más desde el punto de vista de las veedurías y los mecanismos de verificación, aparte de las debilidades en las negociaciones, porque no se van alcanzando resultados que impliquen precisamente detener los ataques contra los militares y policías, exigir el respeto por los civiles y que no se atente contra la infraestructura del país.
Frente a esa debilidad es indispensable ratificar la inviolabilidad del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, sacando a las comunidades rurales y urbanas, definitivamente, de este conflicto armado. Si eso no se hace y surgen las reales advertencias desde la comunidad internacional de que dicho actuar tendrá graves implicaciones ante la justicia y de que sus autores serán llevados a los estrados, todo seguirá igual.
Deben los negociadores del Gobierno Nacional elevar los niveles de exigencia y poner este punto de las hostilidades dentro de los inamovibles, porque es el momento de reiterar que si eso no se hace, persistirán las maniobras de fortalecimiento militar, político y de influencia social por parte de las organizaciones armadas ilegales que están en la mesa de conversaciones de paz con el Gobierno Nacional.
El presidente Gustavo Petro es necesario que entienda la realidad de las regiones, como la nortesantandereana, que por su sola situación geográfica ya implica en materia de violencia y seguridad, una situación absolutamente diferente a la de Cundinamarca u otros departamentos.
Es que para negociar la paz, hay que entender las particularidades locales, como en el particular caso nuestro, donde imperan las bandas transnacionales del crimen organizado, el Clan del Golfo, la disidencia de las Farc y el ELN, en un vasto territorio en el que confluye la frontera.
Aunque esa guerrilla ha asegurado que suspender sus operaciones ofensivas como acto de buena voluntad hacia el proceso de paz y que esperará hasta el 23 de agosto para que el Gobierno emita el decreto que la excluye de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO), su credibilidad está minada, y el temor persiste.
Por esa razón corresponde a las Fuerzas Armadas reforzar las acciones de control, presencia, vigilancia, reacción y de persecución para garantizar la vida de los pobladores de las áreas en que dicho grupo subversivo.
Mientras que el condicionamiento de la exclusión del listado de GAO sigue desatando críticas, planteándose que si esta concesión es otorgada, debe ser minuciosamente evaluada y tener un fundamento sólido en avances reales y verificables en el terreno de la paz y la seguridad, como lo plantean diversos especialistas.
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