Así como la salud es uno de los servicios que más tutelas genera, ahora pasó a convertirse entre los principales motivos que ocasionan protestas y manifestaciones en Norte de Santander y en el país.
El turno correspondió a los médicos y enfermeras del Hospital Erasmo Meoz que si lo fuéramos a tratar como un paciente, bien  encajaría como alguien que está a punto de ingresar a la unidad de cuidados intensivos por las complicaciones que presenta.

Al principal centro hospitalario de la región lo tiene asfixiado la deuda por $250.000 millones de las EPS, que demuestra como una especie de tornado está succionando y destruyendo al sistema de salud, sin que hasta el momento ninguna de las fórmulas aplicadas haya resultado efectiva.

Hacernos una idea de la incidencia que puede llegar a ocasionar una cartera de esa cuantía, digamos que ese dinero alcanzaría para hacer dos veces y media el Centro de Convenciones de Villa del Rosario, en cuya construcción la inversión prevista es de $100.000 millones.

Con ese punto de referencia puede advertirse que la ‘enfermedad’ es de extrema gravedad y no podrá curarse con paños de agua tibia. 

Es que resulta que días antes de la marcha de ‘batas blancas’ (médicos y enfermeras) el Gobierno nacional le giró $17.000 millones que no alcanzan a ser ni el diez por ciento de la multimillonaria deuda, dentro de la cual aparecen los $81.000 millones pendientes de la Nueva EPS.

Se trata de un problema estructural que en cualquier momento podría hacer metástasis  y dejar en el limbo a miles de pacientes nortesantandereanos y venezolanos que reciben atención médica a sus males en el centro hospitalario cucuteño.

El llamado es a la Nueva EPS, las otras EPS privadas y al gobierno central para que se pongan al día con una institución donde hay represadas cientos de cirugías y su área de urgencias se encuentra desbordada en su capacidad de atención.

Ese par de dificultades hay que recalcarlas porque son indicativas de que contra viento y marea sigue operando y de lo calamitoso que sería para el departamento una fuerte recaída que amenazara el funcionamiento de todos sus servicios. 

Estamos viendo que esta crisis que azota al sistema de salud colombiano está tomando características muy delicadas para las regiones donde aparte de las tutelas para lograr cirugías o citas con especialistas, las interminables filas para los medicamentos ahora sus principales centros asistenciales están agobiados con las cuentas que nos les pagan las EPS por servicios ya prestados y con riesgos de sostenibilidad del sistema.

A grandes problemas grandes remedios reza el refrán popular y en este aspecto  la urgencia debe apuntar hacia el saneamiento de las deudas para superar la crisis de recursos económicos.

Un espacio para ello podría ser como el planteado en su momento por la Defensoría del Pueblo de tratar esa problemática alrededor del funcionamiento del sistema de salud en los espacios democráticos de deliberación, para impulsar soluciones sostenibles en el largo plazo, en beneficio del bien común.

Por lo tanto hay que hacer la tarea entre todos, Gobierno nacional, Congreso de la República, EPS, organizaciones de pacientes y de usuarios y las IPS públicas y privadas, al igual que los órganos de control y la Corte Constitucional para buscar un acuerdo nacional para rescatar la salud de los colombianos.

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