Ahora que el presidente de Panamá, José Mulino, salió a decir que Cúcuta podría ser el destino de migrantes venezolanos que planea deportar, recordemos un dato que nos dejará pasmados: Norte de Santander, en enero,  superó dos veces el número de desplazados registrado en Colombia el año pasado, al contabilizar 54.098 personas que huyeron de la guerra en el Catatumbo.

Imaginemos por un momento que a este desplazamiento masivo forzado, catalogado por la Defensoría del Pueblo como el más grande causado en un solo evento en los últimos 30 años, le agregamos una oleada migratoria; lógicamente el resultado para esta zona del país sería de características desastrosas  desde todo punto de vista.

La capital nortesantandereana y la región no resistirían una presión generada por dos crisis humanitarias simultáneas. Aquí es necesario que el Gobierno nacional, por los canales diplomáticos, gestione que ese procedimiento de traslado no se haga en suelo colombiano.
¿Panamá por qué no sigue el ejemplo de Estados Unidos que permitió el ingreso de aviones de la línea venezolana Conviasa para llevarse a deportados de ese país?

El presidente Gustavo Petro puede mediar entre sus homólogos Mulino y Nicolás Maduro para que los venezolanos que por el endurecimiento de la política migratoria estadounidense quedaron varados en territorio panameño regresen directamente a su tierra.

Aquí tenemos que ser muy claros y firmes en que a la luz de un Catatumbo bajo fuego y un departamento enfrentando el gigantesco éxodo interno, la cruda realidad señala y advierte que Cúcuta no puede ni debe ser utilizada como área de tránsito ni destino de deportados.

Si eso ocurriera, el área metropolitana caería en el peor de los mundos como se lo advirtió la administración municipal a la Cancillería, porque contribuiría a aumentar los cordones de miseria, la delincuencia y el desempleo.

En ese sentido, es razonable la notificación de que “la ciudad no está en condición de recibir ni a un solo migrante más”, según se lee en la carta del  alcalde Jorge Acevedo a la canciller Laura Sarabia.

A eso habría que sumarle el impacto financiero y de capacidad de atención sobre el sistema de salud, la educación y los servicios públicos.

La tormenta que enfrentamos ya es lo suficientemente delicada como para ir a sumarle otro elemento que la agudice. Ahí tiene la nueva ministra de Relaciones Exteriores una prueba de fuego en cuanto a la posición definitiva que asumirá Colombia frente a cualquier gobierno que trate de usar a Cúcuta o a otra ciudad como lugar de llegada de deportados venezolanos en ruta hacia su país.

Debemos tener presente que de la respuesta que dé Colombia a Panamá dependerá el papel que jugará en esta temporada de la migración inversa: país puente para dejarlos en Cúcuta o Bogotá, por ejemplo, o país mediador para que directamente sean devueltos con dignidad y respeto a territorio venezolano. La primera debe ser descartada de plano por sus efectos nefastos en medio de la multicrisis que estamos padeciendo, mientras que la segunda resulta siendo la más favorable para todas las partes.

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