La situación de riesgo crece a alta velocidad y aunque se diga que a veces se actúa con extremismos, los cierto es que el negacionismo o la pasividad pudieran degenerar en hechos peores, en medio de la crisis del coronavirus.

Pero hay varios grupos que se merecen una fuerte acción jurídica y de rechazo social, porque con su manera de actuar está poniendo en peligro al resto de la comunidad.

En primera línea se encuentran los que en medio de esta emergencia global desatada por el coronavirus, son los acaparadores y especuladores de tapabocas, que ahora son un elemento vital para ayudar a proteger la vida.

No puede ser posible que, como mercaderes de la muerte, hoy lo estén vendiendo como si se tratara de un artículo de lujo, que como consecuencia de los inalcanzables precios, comiencen a no estar al alcance de todos. 

¿Dónde está la Superintendencia de Industria y Comercio? ¿Dónde está  la Liga de Consumidores? ¿Qué hace frente a eso la Secretaría de Gobierno Municipal?

La situación no está como para jugar con el destino de los demás, porque una movida equivocada y absurda como la expuesta puede llevar a poner en riesgo la existencia de muchos, porque al no haber tapabocas para los enfermos y para quienes están en su círculo cercano, por ejemplo, ahí podría encontrar el virus la manera de propagación más adecuado y más peligroso.

Si ven lo que la especulación provoca, una amenaza muy grave para la vida de  muchos ciudadanos, luego las autoridades, incluyendo las policiales, tienen ahí un punto en el cual actuar para poner mano dura a quienes de esa manera actúan para aprovecharse de la crisis.

Otro grupo que debe ser metido en cintura es de aquellos viajeros procedentes de países como España, Italia y Estados Unidos, por ejemplo, quienes tienen la obligación de someterse a cuarentena.

Ahí ya existen ejemplos de personas que aunque arribaron de Europa y otras naciones donde el COVID-19 ya se encuentra extendido, no han cumplido las órdenes de  aislamiento, quienes no solamente merecen el rechazo y repudio social, sino la aplicación en su contra de medidas judiciales.

Es muy interesante para quienes así actúan lo dicho por la Fiscalía General de la Nación de que se les aplicará todo el peso de la ley, como lo contemplan un par de artículos del Código Penal. El 368 advierte que violar la medida sanitaria adoptada por autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años. Y el 369 señala que  “el que propague epidemia”, incurrirá en prisión de cuatro a diez años.

Como estamos asistiendo a un capítulo desconocido de la historia de la humanidad, llegó el momento de entender que ahora incurrir en otras actuaciones equivocadas nos puede poner de patitas en la cárcel por convertirnos en un peligro para la sociedad.

Todos debemos actuar atenidos a las normas básicas del comportamiento humano, puesto que una operación tomada por un ciudadano finalmente repercutirá sobre su familia, amigos y sociedad en general, ya sea positiva o negativa. Por eso, hagamos un pacto por la vida y la preservación de la humanidad.