Los colombianos desde todos los rincones del país escuchan hablar al actual Gobierno de una Colombia potencia mundial de la vida, pero sin embargo el crudo presente está lleno de pasajes que muestran todo lo contrario.

Por ejemplo, en Cúcuta y Norte de Santander-donde nace Colombia-la ilusión de cientos de familias de tener vivienda propia se está cayendo desde el tambaleante andamio del ahora paquidérmico programa Mi Casa Ya.

Habrá que seguir repitiendo, sin desfallecer, que aquí tenemos todo el cóctel de males socioeconómicos y de inseguridad, que precisamente requieren de dinámicas como las que genera ese subsidio para eliminar necesidades básicas insatisfechas y no dejar marchitar el empleo y los sectores económicos que mueven la construcción.

No es sino que el presidente Petro y los funcionarios del Ministerio de Vivienda revisen las estadísticas del DANE para que vean que tenemos abundancia de problemas estructurales y que esos subsidios no son para beneficiar a quienes gozan de todos los privilegios.

Datos de Camacol señalan que en 2021 dicho programa impactó el déficit habitacional en Norte de Santander y lo redujo en el 9 por ciento, considerándolo como un valioso instrumento para ayudar a superar la pobreza.

Y es que además eso no es un regalo. Es una especie de ‘cofinanciación’ en la que el futuro propietario también hace un ahorro para cumplir con el cierre financiero, bien sea con las cesantías o por dineros que ha ido guardando para lograr completar la cuota inicial para su casa o apartamento.

Pero como lo dice el periódico, esos recursos ahorrados con mucho esfuerzo están a punto de perderlos numerosos compradores que están viendo cómo se vuelve este proyecto de vida en un callejón sin salida, en el que quedarán sin plata y sin casa y condenados a seguir pagando costosos arriendos.

¿Será que les tocará entutelar al Ministerio de Vivienda así como lo hacen contra las EPS?, puesto que el derecho a la vivienda digna se les está afectando.

Teniendo en cuenta las advertencias de la Cámara Colombiana de la Construcción, dicha actividad se ha perjudicado con los retrasos en la asignación de los recursos, como sucedió en Cúcuta que pasó de vender 1.510 unidades en el primer trimestre de 2022 a solamente 694 este año.

El ambiente está enrarecido. Se teme que de continuar este manejo de Mi Casa Ya, en la ciudad, el área metropolitana y el departamento la crisis social y económica se complique porque podría avecinarse un estancamiento en la construcción por el coletazo de las nuevas políticas nacionales, degenerando en más desempleo,  empresas cerradas, incumplimientos de los compromisos financieros y una recesión económica en esta zona del país.

Por eso es que los gobernantes de turno antes de aplicar sus fórmulas deben hacer evaluaciones regionales sobre los pro y los contra, puesto que en tierras nortesantandereanas esos cambios en Mi Casa Ya podrían acarrear daños irreparables en vez de correctivos eficaces a los males generados por la iniquidad social que se pretenden atajar.