El propósito a largo plazo es alcanzar una inversión equivalente al uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en educación superior pública, de acuerdo con el Ministerio de Educación, al determinar los beneficios que producirán las modificaciones a la Ley 30 aprobadas por el Congreso de la República.

La filosofía de la nueva norma que empezará a aplicarse desde el año entrante es fortalecer la financiación y la equidad de la educación superior pública, para que no padezca de inconvenientes presupuestales.

Desde hace mucho tiempo en Colombia se venía reclamando la aplicación de un modelo justo, actualizado y con recursos suficientes para las instituciones universitarias estatales. Hace diez años, los estudiantes adelantaron jornadas de protesta para exigir la financiación a la universidad pública.

En ese aspecto hay correcciones en determinados mecanismos para que procurar que las asignaciones de dinero estén más cercanas a la realidad para solventar las necesidades, porque por ejemplo ya no se tendrá como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para definir los niveles de financiación.

Producto de ese cambio profundo, que ayudará a mejorar las condiciones económicas, el nuevo método definido es el Índice de Costos de la Educación Superior, para determinar los flujos de dineros que necesitan dichas instituciones que siempre han expuesto los inconvenientes en las finanzas para poder prestar un óptimo servicio educativo al estudiantado.

Este mecanismo es más adecuado porque refleja la variación de los costos que enfrentan las universidades públicas en las distintas áreas, con el propósito de eliminar el déficit que arrastran año tras año.  

El propósito de los cambios introducidos a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, es corregir el desfase que se ha registrado durante décadas.

Por ejemplo, la asignación de los aportes de la Nación se dirigen hacia el cubrimiento de necesidades salariales de profesores e investigadores, inversiones en infraestructura e insumos académicos.

Con esta histórica determinación al tener presente los movimientos que se produzcan en estos campos, podrá alcanzarse que se vayan teniendo los dineros necesarios para ir solventando todas esas necesidades.

Por ejemplo, en la plantilla de educadores y de especialistas es un factor muy importante en el que tiene que hacerse todo lo posible para superar los problemas y poder contar con el personal docente necesario y adecuado para garantizar una educación de calidad.

La nueva fórmula corrige una inequidad de tres décadas porque mientras la matrícula y la oferta académica crecieron, las transferencias de la Nación no acompañaron ese ritmo, lo que obligó a muchas universidades a operar al límite de su capacidad financiera.

El año entrante la educación superior pública tendrá un presupuesto de trece billones y en 2027 se espera un crecimiento de un billón de pesos con todo lo cual se busca ampliar cobertura, mejorar calidad, fortalecer la investigación, cerrar brechas territoriales y consolidar procesos de regionalización de la misma.

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