El 20 de noviembre fue el Día Mundial de la Infancia por el cual no hubo nada que celebrar a raíz de que seguimos soportando el incontrolable reclutamiento forzado de menores de edad a manos de los grupos armados ilegales.
Empujar a los niños a ir a la guerra es una acción demencial que lastimosamente está hoy más viva que nunca, como lo acaba de demostrar el hecho de la muerte de siete menores de edad en campamentos de la disidencia de las Farc, que fueron bombardeados por la Fuerza Pública.
Ese ‘juego’ pone a Colombia ante otra crisis humanitaria por la instrumentalización de esta población vulnerable con el fin de aumentar el número de combatientes en los diferentes territorios, causando diversidad de impactos.
Uno de ellos es el crecimiento de esa práctica, en los últimos cinco años, como lo muestra la Unicef, al indicar que en Colombia se estima que ha llegado al 300 por ciento.
Y al hacer el análisis entre 2023 y 2024, el reclutamiento y utilización de niñez aumentó un 64%, con 453 casos verificados en el 2024. Esto significa que cada 20 horas, en promedio, un niño, niña o adolescente fue reclutado o utilizado por los grupos armados ilegales, de acuerdo con la entidad.
Parafraseando a Tanya Chapuisat, representante de Unicef en Colombia, “estas cifras en aumento de reclutamiento y utilización de la niñez deberían indignarnos”.
Esa indignación tiene que darse porque es parte del futuro de un país el que está hoy poniéndose en riesgo evidente, porque en lugar de esos niños y niñas ir al colegio, estar con sus familias y contar con todos sus derechos, son forzados a involucrarse en una guerra que les va también a desestabilizar toda su vida.
La opción es no quedarnos de brazos cruzado ni mucho menos callados ante una situación que puede ser de mayores dimensiones teniendo en cuenta que el subregistro de casos aparece ante el miedo o la intimidación amenazante hacia las familias que son víctimas de este flagelo.
Lo que enfrentamos no es un mal menor, como perfectamente lo podemos apreciar en el Catatumbo desde donde líderes de derechos humanos han expuesto su preocupación por posibles bombardeos gubernamentales contra las disidencias o el Eln, pidiendo que no se aplique esa estrategia militar precisamente porque mucho niño ha caído en manos de esos propagadores de violencia en esa subregión nortesantandereana.
Pero la sociedad toda de indignarse y reclamar que los menores no sean empujados a empuñar un arma cuando lo que deben estar es estudiando, jugando, disfrutando de sus derechos y accediendo a oportunidades, como debe ser.
De paso hay que exigirles a dichos grupos que en primer lugar liberen a todos los niños y niñas que han enrolado a sus filas y que se comprometan a evitar seguir incurriendo en esa clase de maniobra que debe llegar a convertirse en un inamovible para casos de negociaciones de paz, al constituirse en una grave violación de los derechos humanos.
Hay que actuar. Los menores deben ser salvados de ese despropósito de arrebatárselos a sus familias para hacerles perder su infancia de manera violenta, hecho que tristemente tiene a Norte de Santander entre los que más casos registra.
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