Muchos de los males que hoy impactan a regiones como Norte de Santander tienen como uno de sus ejes de operaciones las redes sociales, tras las cuales se ocultan elementos de riesgo que afectan de diversas formas a la sociedad e implican peligros para la vida misma.

Están los casos del reclutamiento forzado de menores de edad por parte de organizaciones armadas ilegales, la facilidad para conseguir drones o sus partes que luego se convierten en armas explosivas contra las comunidades y la comercialización de medicamentos y pañales institucionales suministrados por las EPS.

Los colombianos hemos sido testigos de todo el daño que dichas prácticas ocasionan en el país, frente a lo cual es indispensable que las autoridades policiales y judiciales desplieguen y fortalezcan las operaciones de rastreo en el ciberespacio para detectar y procurar desbaratar dichas estructuras montadas en los diferentes espacios de internet.

Levantar un muro de contención en el ciberespacio es de una urgencia evidente, porque ante el gran uso del mismo se ha convertido en un espacio en el que los delincuentes también montan sus operaciones ilegales que luego se reflejan con enorme gravedad en el mundo real, como ha venido ocurriendo.

En este instante lo más dañino que está sucediendo es la captación digital de menores de edad y jóvenes para ser vinculados en calidad de combatientes de estructuras armadas generadoras del fragor del conflicto en regiones como el Catatumbo.  

Allí se les dice que ingresar a una organización armada no estatal, pueden llegar a adquirir capacidades para corregir o castigar desde una posición de fuerza usando drones, armas y método violentos de control.

Por eso es necesario que exista mucho cuidado por parte de los mismos padres o familiares más cercanos para ejercer una acción preventiva y de alerta, aunque las labores de inteligencia para el seguimiento y bloqueo de esa clase de propaganda dañina debe provenir de los organismos de seguridad del Estado.

No pueden alegarse motivos de censura  o de restricciones inadecuadas a las redes sociales que ahora son las preferidas para inducir e instrumentalizar a los niños y adolescentes a fugarse de casa, dejar el colegio y preferir vincularse a los grupos violentos, ofreciéndoles supuestas mejores condiciones de vida.

Todas aquellas páginas o portales que pregonen esta clase de reclutamiento forzado  en el ciberespacio deben de ser bloqueadas e intentar judicializar a sus promotores.

Precisamente, sobre este gravísimo hecho fue elaborado por parte de la Coordinadora Humanitaria un estudio llamado  ‘El algoritmo en el conflicto armado’ que se concentró en Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Cesar, Bolívar y Córdoba.

Una conclusión expuesta en el análisis se refiere a la necesidad de habilitar canales de denuncia eficaces, confidenciales y culturalmente pertinentes con acompañamiento comunitario y actuación institucional inmediata, evitando la revictimización y la acción con daño causado por agentes estatales.

Por lo tanto, hay que admitir que las redes sociales implican riesgos para todos y que las regulaciones, los controles y la vigilancia sobre determinados contenidos sospechosos o abiertamente intimidantes o que lleven implícitas maniobras para atrapar a inocentes, hay que aplicarlos y desarrollarlos para la protección de los usuarios.

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