Antioquia, Norte de Santander, Putumayo y Cauca es el listado de departamentos con más casos de asesinatos y acciones violentas contra quienes hacen parte del liderazgo comunal en medio del conflicto armado.

Al notar ese escalafón volvemos a encontrarnos con la sorpresa de que nuestro departamento en materia de hechos de  inseguridad siempre se sitúa en los primeros lugares.

Contra eso es necesario luchar porque como sociedad no podemos continuar permitiendo que el escenario violento continúe acrecentándose porque en últimas todos estamos corriendo graves riesgos en medio del fragor de las balas, las bombas, los secuestros, las desapariciones, los homicidios, las extorsiones y el desplazamiento forzado.

Al Gobierno nacional hay que recordarle desde estas tierras donde nace Colombia, que son múltiples las evidencias que comprueban que por aquí estamos en el peor de los mundos en materia de seguridad, que ya no se concentra únicamente en el Catatumbo sino que ahora  tiene altos índices en el área metropolitana que ha sido golpeada por el terrorismo urbano.

En ese sentido, ahora nos enfrentamos al hecho de que la dirigencia comunal, esa que trabaja por la gente en las veredas y en los barrios, ahora se encuentra bajo amenaza por parte de las diversas organizaciones del multicrimen.

Ahí estamos ante un hecho palpable sobre la manera en que la comunidad está padeciendo los rigores de un conflicto armado que se nutre de diversas economías ilícitas como el tráfico de estupefacientes, el microtráfico, el testaferrato y la minería ilegal, entre otras.

Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, explica que esta violencia contra los comunales se inscribe “en el contexto del control social que ejercen los grupos armados no estatales” para dominar “el territorio y las economías ilícitas”, y advirtió sobre “amenazas”, “renuncias”, “desplazamientos”, intentos de “cooptación” y “suplantación” de liderazgos.

Se hace necesaria la intervención gubernamental para la protección de ese tejido social básico en las estructuras comunitarias con el fin de enfrentar las acciones criminales que en contra de las JAC adelantan el Eln, la disidencia de las Farc y el Clan del Golfo. 

Y la sucesión de hechos indica que no es un asunto menor. Entre 2016 y el 1 de agosto de 2025 la ONU verificó 383 homicidios de miembros de Juntas de Acción Comunal en Colombia con relación causal con su liderazgo, de los cuales el 44% de todos los homicidios de líderes sociales correspondió a este sector.

A ellos hay que defenderlos, cuidarlos en su vida e integridad por el importante papel que desempeñan en la búsqueda de beneficios a sus comunidades porque siempre se convierten en una especie de contención contra aquellos grupos que tratan de establecer sus negocios turbios y de carácter delincuencial.

Lo triste de todo este panorama, es que por donde se pasa la violencia deja su huella  indeleble perturbando a la ciudadanía que cada vez se siente más amenazada por una criminalidad que va en aumento y se va haciendo más fuerte en sus métodos, armamento y número de combatientes que componen sus fuerzas de operaciones ilegales.

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