Persisten grandes dudas sobre la famosa caravana de jefes disidentes de la desmovilizada guerrilla de las Farc, que tuvo como epicentro el Catatumbo y que terminó en Antioquia.

Muy peligroso esto cuando se determinó que ahí iban jefes de esa organización armada ilegal cuyas órdenes de captura seguían vigentes y que las camionetas de la Unidad Nacional de Protección las usaron para transportar una millonaria suma de dinero, armas de fuego y drogas.

Se trata de un hecho grave porque una caravana de vehículos oficiales para prestarles servicios de transporte y de seguridad a personas con alto riesgo de sufrir atentados contra su vida, quedó prácticamente en manos de personas directamente relacionadas con la ocurrencia de hechos de violencia en el país y el manejo de las economías ilegales, como el narcotráfico, la extorsión, la trata de personas y el secuestro.

La ciudadanía necesita saber, porque se trata del uso de sus impuestos en esta clase de misiones relacionadas con antiguos enemigos de la paz, que en su momento decidieron bajarse del proceso y desconocer el pacto firmado con la otrora mayor guerrilla colombiana.

Entre los aspectos que requieren claridad es si los comandos militares y de la Policía situados en los departamentos por donde cruzaron los automotores de la UNP con los cuestionados ocupantes, y los respectivos esquemas de seguridad, tuvieron conocimiento de que iban a pasar por esos territorios.

Esto es vital saberlo dentro de lo que tiene que ver con el control territorial por parte de las fuerzas del Estado, y de esa manera descartar aquello de que hay zonas vedadas o de que la Fuerza Pública no está en todos los rincones del país.

Eso es indispensable que se aclare. Pero igualmente se necesita comprender la razón fundamental para que, por ejemplo, un director de la Cárcel Modelo de Bogotá haya sido asesinado y no tuviera la protección suficiente.

Este contraste es demoledor, porque ese asesinato ocurrió y mientras tanto a los jefes disidentes sí les asignaron semejante esquema. Muchos son también los líderes sociales, dirigentes políticos, funcionarios, defensores de Derechos Humanos y periodistas, entre otros, quienes han solicitado que el Estado los resguarde de los hostigamientos y amenazas de muerte, pero la respuesta de regreso no ha logrado ser la más efectiva que se esperaría.

Lo importante para el país es que de esta crisis, aparte de las responsabilidades surjan de lo ocurrido, se dispongan las medidas indispensables para revertir lo ocurrido y cerrarle el camino a los errores, equivocaciones y mal uso de los esquemas de seguridad.

La Unidad Nacional de Protección, en una Colombia donde todavía están abiertas las venas del conflicto, es indispensable proceder a reestructurarla y mejorarla en todos su aspectos y hacer más fluidos los procedimientos para estudiar los niveles de riesgo y asignar la seguridad necesaria.

Debe esperarse que la claridad se imponga en este caso y que la Procuraduría y el mismo Gobierno Nacional vayan hasta lo más profundo para que la UNP sea alejada de este tipo de hechos y que el futuro traslado y protección de los miembros de las organizaciones ilegales que adelantan negociaciones de paz con el Ejecutivo sean asumidas por la misma Policía o el Ejército o la Sijín, por ejemplo, en coordinación con la ONU, si se quiere.

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