Siguen apareciendo datos que generan preocupación para la seguridad ciudadana en el área metropolitana de Cúcuta que está convertida en epicentro de hechos delictivos.

Para nuestro caso en específico debe resultar siendo más que un dolor de cabeza la estadística dada a conocer en un encuentro de seguridad convocado por Asocapitales, en Valledupar, sobre que el 60% de los delitos cometidos en el país se concentran en las capitales.

La lógica diaria en la región indica que aquí esa medida nacional se pudo haber quedado corta al soplar sobre nosotros los vientos de la conflictividad en el Catatumbo y de la delincuencia transnacional en la frontera con Venezuela.

A la luz de aquel alto porcentaje de inseguridad se advierte que los ciudadanos están enfrentando una de las peores épocas de violencia ocasionada por el multicrimen.

Aterrizando lo expuesto por Asocapitales, en Cúcuta y los municipios metropolitanos están soportando diversos desafíos generados desde múltiples focos de alta peligrosidad que sumados a la influencia del conflicto armado y el narcotráfico pues la hace una zona de alto riesgo para el derecho a la vida.

Este grave momento debe servir para tener presente que hasta en las esferas del Gobierno nacional advierten que las condiciones de la ciudad en ese campo son altamente complicadas por toda la cantidad de elementos que hacen parte del caldo de cultivo de la inseguridad urbana en constante crecimiento.

En este aspecto el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, relacionó que la complejidad de la región impide que se mire a Cúcuta fuera del contexto de violencia que proviene del territorio catatumbero y de la frontera.

Aquí vuelve entonces a relucir el hecho de que al ser una ciudad sui generis por la vecindad con esos dos puntos de incandescente conflictividad ni siquiera es posible, por ahora, intentar un proceso de paz urbana con las bandas.

Ante semejante panorama la ciudadanía espera que empiecen a ponerse en marcha proyectos como el de las 2000 cámaras de seguridad con Inteligencia Artificial, el centro de monitoreo y el observatorio de seguridad, en convenio entre la Alcaldía de Cúcuta y el Ministerio del Interior.

Además es urgente que el anuncio de la llegada de un grupo especial de la Dirección Antinarcóticos de la Policía se materialice con golpes contra las estructuras narcotraficantes incluyendo los testaferros puesto que ahí reposa uno de los soportes de la incontenible violencia que otra vez pone a Norte de Santander y a Cúcuta entre los primeros en el país.

Lo cierto de todo esto es que para nuestro caso específico al departamento y a la capital se les debe aplicar una estrategia de seguridad y orden público diferente a la de otras partes del país para conjurar todas esas particularidades que generan graves  alteraciones, provocan hostilidades contra la población civil y que este año cerrará con una de las peores crisis humanitarias, los homicidios desbordados y unos grupos armados ilegales y unas bandas criminales generando un ambiente de alta peligrosidad para el ciudadano de a pie.

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