En medio de la crisis de violencia que se registra en diversas regiones colombianas, entre ellas el Catatumbo, llegó una buena noticia desde el Senado de la República como es la extensión de la vigencia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, hasta 2037.
Los PDET, como se les conoce, cobijan a 170 municipios, 16 subregiones y 11.000 veredas afectados por el conflicto armado con un cubrimiento estimado de seis millones de habitantes entre campesinos, indígenas y afrodescendientes.
Reportes del Departamento Nacional de Planeación señalan que un total de $8.9 billones provenientes del Sistema General de Regalías (SGR) se han invertido entre 2021 y 2024 en esas localidades.
“Estas cifras confirman que las regalías se están consolidando como un motor de desarrollo regional en zonas que durante décadas padecieron la violencia y la falta de inversión estatal”, resaltó subdirector general del SGR, Rubín Ariel Huffington Rodríguez.
Pero, además, en dichas municipalidades mediante las regalías territoriales se han impulsado 929 programas con valor de $3.9 billones y 212 proyectos de obras por impuestos en cuantía de $2.1 billones.
Todo lo anterior corresponde a actividades desarrolladas en articulación entre alcaldías, gobernaciones, organizaciones comunitarias, el sector privado y el Gobierno nacional, con el propósito de respaldar el desarrollo de estas regiones afectadas por el accionar de los grupos armados ilegales.
Esta ampliación por diez años de la existencia del sistema PDET constituye una opción favorable para los habitantes de lugares tan complejos como el Catatumbo que requieren de manera urgente la profundización de las acciones para la transformación de los territorios.
En este sentido, por ejemplo, la Agencia de Renovación del Territorio tiene la consideración de que aunque ya existen avances significativos como la reducción de más de ocho puntos en la pobreza multidimensional y el fortalecimiento institucional de alcaldías y gobernaciones PDET, la transformación estructural requiere tiempo.
Precisamente, entre lo que aprobó el Congreso se encuentra fortalecer el Decreto Ley 893 de 2017 para corregir bloqueos institucionales, mantener vivo uno de los instrumentos considerados centrales del Acuerdo de Paz Reforma Rural Integral y se establece la obligación de adelantar, en el plazo de un año, un estudio técnico que servirá de base para definir la ampliación de los PDET a municipios que quedaron excluidos en 2017.
Esa alternativa de abrirle espacio a otras localidades colombianas que quedaron por fuera hay que llegar a fortalecerla con el propósito de que más comunidades tengan la oportunidad de que sean cubiertas por planes del Estado para ayudarles a superar las crisis que han envejecido mal y los tienen golpeados por la violencia.
La idea es que muchas poblaciones que han cargado históricamente con las heridas de la violencia también lleguen a hacer parte de los PDET para que tengan la opción de que los cubran los programas financiados con fuentes que ayuden a construir opciones de paz, mediante la superación de problemas que han arrastrado a lo largo del tiempo.
Hay entonces doce años para que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial con sus recursos y planes tengan la ocasión de profundizar el apoyo desde la institucionalidad a la recuperación de áreas sumidas en el abandono y la violencia.
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