La migración sigue dejando un saldo en rojo en las cuentas hospitalarias locales, asunto que tiene que llegar a tener un manejo diferente y de esa manera dejar de ser un mal de alto riesgo financiero.
Acaba de revelarse la cifra que la Nación le adeuda al Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, que sigue cargando con este inconveniente que en lugar de mejorar se empeora cada día más.
Y aquí es donde la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta, en los foros y encuentros nacionales e internacionales deberían aprovechar para plantear que se les ayude o recompense por ser la primera puerta de entrada en la llegada de los migrantes venezolanos.
Es bien conocido que por nuestra posición geográfica, miles de pacientes que viven en Venezuela llegan aquí para que les atiendan y curen sus enfermedades, incluyendo las de altos riesgo, asunto que se transforma en un intenso dolor de cabeza económico.
Diferentes cuantías se han venido escuchando sobre los montos adeudados por la atención a esta población pendular venezolana que va y viene, cruzando el río Táchira, para que los atiendan, les den medicinas, los sometan a tratamientos o a intervenciones quirúrgicas, en caso de ser necesario.
Ahora se acaba de conocer un nuevo saldo de $107.309 millones en el centro asistencial de la capital nortesantandereana, que al sumarlo con el de otros hospitales de la región se trepa en total a los $138.000 millones, que no les han pagado por concepto de los servicios de salud prestados a los migrantes venezolanos, durante el presente año.
Recordemos que una cantidad de esa naturaleza, sumada a la deuda que todavía está pendiente por la vacunación de coronavirus y los montos pendientes de pago de las EPS, ponen en graves aprietos a las IPS estatales que, además, deben atender a miles de personas de los regímenes contributivo y subsidiado.
Otra prueba regional de ello la constituye el Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, que por población migrante sigue a la espera de que le paguen unos 10.000 millones de pesos, que corresponde a las últimas cinco vigencias. Para una institución de estas una cartera de estos montos puede llegar a convertirse en un grave problema para su sostenibilidad financiera.
Ahora que se anuncia por parte del Gobierno Nacional una reforma a la salud, es urgente que se abra un capítulo de las deudas por todo concepto que están al borde de convertirse en una pandemia incontrolable y de graves consecuencias para la estabilidad misma de la red pública y privada de salud en Colombia.
Es preciso continuar con el mayor rigor la inclusión de los ciudadanos venezolanos en el sistema de salud para que bien sea por el actual mecanismo de las EPS o el que se llegue a implementar en el futuro inmediato, que garantice el giro por parte de la Nación de los recursos económicos a los prestadores por dicho concepto.
Y en lo que se pretenda hacer para modificar el estado de cosas en el área de la salud, debe precisamente garantizarse que los hospitales ‘gocen de buena salud financiera’ para que puedan desarrollar las labores tanto preventivas como de atención de las enfermedades de quienes vayan en busca de servicios especializados.
Esa sería una de las maneras que facilitarían la optimación del servicio y la calidad del mismo, porque no habría excusas para que los centros hospitalarios cuenten con el personal y los equipos adecuados para cuidar la salud y salvar la vida.
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