La histórica crisis humanitaria del Catatumbo que en un solo hecho ya deja  un desplazamiento forzado de 54.098 personas que salieron huyendo de la región para proteger la vida, es la punta del iceberg de  otras situaciones semejantes que se están presentando en Colombia. 

La guerra entre grupos armados ilegales está disparando las cifras de refugiados internos en el país. Ahí se encuentran por ejemplo la que libran el Eln y la disidencia de las Farc en esta subregión nortesantandereana, y la disputa territorial de dicha guerrilla con el Clan del Golfo en Chocó, que ha provocado hasta el momento 3.500 desplazados.

Es tan grave la situación de inseguridad, que a la postre implica severos descalabros para la política de ‘Paz Total’, la Defensoría del Pueblo dejó una dramática observación que señala numerosos focos de emergencias humanitarias que afectan a miles de habitantes en el país.

Aparte de los dos señalados anteriormente, se encuentran Putumayo, Nariño, Cauca, el Pacífico vallecaucano, Antioquia, la Sierra Nevada, serranía de Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, sur de Córdoba, Buenaventura y Tolima.

Si sumamos lo que hoy estamos padeciendo en Norte de Santander con estos sitios referenciados por el organismo defensor de los derechos humanos, se puede decir sin lugar a equivocación que las estadísticas de desplazados y confinados ya han superado cualquier dato registrado hasta el momento en Colombia.

Es un desbordamiento de los problemas humanitarios que no tiene precedentes y requiere de medidas contundentes puesto que impactan severamente a campesinos y comunidades indígenas y afrocolombianas.

Semejante situación se palpa con la triste realidad de 5.452 desplazados, 11.896  personas confinadas y 27 homicidios, en esos otros puntos del país hoy afectados también por un conflicto armado cuyo fragor continúa sin disminuir ni dar tregua. 

Resurge en este punto un par de alertas y advertencias que el organismo defensor de derechos humanos trae a colación y que hasta el momento el Gobierno nacional no ha tenido presente para proteger a la población civil.

Por un lado se encuentran los reacomodos, fraccionamientos, expansiones y rupturas de pactos de coexistencia entre los grupos armados, y está también el que la Defensoría considera como “tristemente panorama” que es el reflejo de la expansión y fortalecimiento de los grupos armados ilegales en los últimos cinco años.

Ahora que la ‘Paz Total’ se encuentra en crisis total, el Gobierno nacional si la quiere  reactivar no puede olvidar que las organizaciones armadas ilegales tienen influencia en el 73% de  los municipios colombianos, es decir, en 809. 

Dicho fortalecimiento se ha atribuido a que los ceses del fuego durante las conversaciones se convirtieron en pasajes para que los violentos que presuntamente deseaban pactar la paz, se vigorizaran militarmente e incrementaran la presencia en los territorios y en el control de las economías ilegales.

La emergencia humanitaria que va creciendo como bola de nieve en Colombia por efecto de un conflicto armado que va teniendo todos los días nuevos focos en distintas zonas del país es un termómetro para tener en cuenta al momento de evaluar si ofrecer demasiadas ventajas para negociar la paz es favorable o no. Los resultados en las zonas afectadas confirman que esas facilidades hay que restringirlas y exigir real voluntad de paz. 

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