Al leer una amenaza del Eln de hacerles un ‘juicio revolucionario’ a cuatro policías y miembros del CTI que tiene secuestrados en Arauca, trae de inmediato el recuerdo de los campos de prisioneros que en su momento tenían las Farc en las selvas colombianas.

¿Será que la autoproclamada guerrilla guevarista va a copiar el  modelo de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que con ese sistema mantuvo en las peores condiciones humanas a cientos de militares que retuvo contra su voluntad?

Las advertencias del frente de guerra oriental “Manuel Vásquez Castaño” dejan  entrever una vez más la escasa voluntad de paz y la persistencia en violentar el Derecho Internacional Humanitario y los convenios de Ginebra.

La actuación del grupo armado ilegal en este caso raya con el Código Penal al incurrir en secuestro, luego en la utilización de sus víctimas como una especie de ‘moneda de cambio’ y posteriormente convertirlas en prisioneras de una no reconocida ‘justicia revolucionaria’ anunciando a los cuatro vientos que podrían ser ‘condenados’ a permanecer hasta por siete años en su poder.

Es decir, nos encontramos ante una organización al margen de la ley que pretende actuar como si fuera una especie de Estado paralelo mediante la aplicación de normas que la hagan ver como si ejerciera absoluto control sobre el territorio en que se encuentran sus combatientes.

Esa clase de actuaciones no pueden ser permitidas por el Gobierno nacional que debe denunciarlas y proceder a exigir la devolución sanos y salvos de los miembros de la Policía y de la Fiscalía.

Dicha maniobra que están intentando los elenos tiene diversos significados, entre ellos el de una amenaza directa contra los miembros de la Fuerza Pública con esa oprobiosa operación que en décadas pasadas usaran las Farc de la mano del Mono Jojoy, de enviar a cárceles improvisadas en las selvas a los uniformados secuestrados.

Colombia no puede darse  el lujo de volver a repetir esa historia. El presidente Gustavo Petro, a quien se le ha escuchado que estaría dispuesto a buscar nuevas opciones para reanudar las conversaciones de paz con el Eln, tiene que fijar una posición muy clara y precisa al respecto.

Esa debe ser una línea roja que los grupos armados ilegales no pueden volver a cruzar, señalándoles la clara advertencia que aquellos ‘campos de concentración’ y los ‘juiciios revolucionarios’ equivaldrán a cerrar con llave y para siempre algún proceso de paz y que serán combatidos los integrantes como terroristas.

Esos fantasmas jamás pueden volver a hacer sonar sus cadenas en Colombia y  ante la comunidad internacional hay que proceder ha advertirlo, porque ni más ni menos que nos estaríamos enfrentando a actuaciones que denigran del ser humano y que en últimas pueden llegar a convertirse en crímenes de guerra.

Por lo que estamos viendo, este 2025 va a pasar al recuerdo como el año en que el Eln registró los peores comportamientos contra los colombianos en mucho tiempo, empezando por la guerra que desató a comienzos de este año contra la disidencia de las Farc para apoderarse del control de las economías ilegales en el Catatumbo.

Tanto en el campo político como en el frente de defensa, el Gobierno nacional no puede ceder a las citadas pretensiones criminales, ante lo cual el procedimiento a seguir es el que  dicta la Constitución y la ley para proteger la vida, resguardar la seguridad y hacer presencia en el territorio.

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