Los hogares venezolanos contribuyen con 10.600 millones de dólares al año a las economías de América Latina y el Caribe, principalmente a través del gasto en vivienda, alimentos, educación y servicios de salud. Eso se lee en un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Como lo han dicho los expertos esa integración de la diáspora que por razones socio-económicas y políticas dejó atrás a su país, ha empezado a surtir efectos positivos en las naciones de acogida en las cuales decidieron echar raíces.

Pero, además, marca un contraste con lo que ocurre con el manejo migratorio, porque mientras en otras latitudes se llega a las redadas y las expulsiones, en diversos países la posición es totalmente diferente.

Los propios hallazgos del estudio de la OIM muestran que cuando los gobiernos amplían las oportunidades para las personas migrantes con planes de regularización e integración, toda la sociedad se beneficia de esta fuente de crecimiento económico, así como de creatividad y dinamismo.

Ahí se observa a las claras lo importante que es tener estructurada una política pública migratoria que sea transversal a todas las acciones de gobierno con el fin de que por ejemplo en el caso de los venezolanos que huyeron del régimen chavista fácilmente sean cobijados por los planes estatales.

El informe también señala que las personas migrantes venezolanas hacen valiosos aportes fiscales, que representan alrededor del 1,2% del total de la recaudación tributaria en los países analizados, de acuerdo con la OIM.

Ahí se encuentra referenciado el caso de Colombia, donde esta contribución de los venezolanos ha superado los 529 millones de dólares en un solo año.

Al tener en el tablero esas cifras pero más que eso, el que dichos dineros recursos ingresen al torrente tributario y económico local señalan a las claras que la migración no es ni catastrófica ni tampoco una carga, porque cuando se le da el manejo adecuado y se involucran a quienes llegan para que ayuden a la generación de riqueza y empleo, la percepción cambia radicalmente.

El análisis –basado en investigaciones realizadas desde 2021 en Colombia, Panamá, Ecuador, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Perú y Aruba– confirma que las personas migrantes venezolanas son altamente productivas y cuentan con una sólida formación técnica y universitaria que responde a las necesidades de los mercados laborales de los países de acogida.

Pero en el reporte de la OIM hay un campanazo de alerta continental que ojalá lo escuchen en la Casa de Nariño, en los ministerios y en los encargados de la política migratoria colombiana. Sin embargo, este potencial sigue estando limitado. “Se estima que el 82% de las personas venezolanas en América Latina y el Caribe trabaja en el mercado laboral informal y que el 41% no tiene acceso a crédito ni a servicios financieros formales”.

Lo anterior nos conduce a reiterar en lo urgente que es conectar la migración con la gobernanza para que esto no se trate como si fuera algo coyuntural o pasajero sino darle la connotación de un asunto de carácter estructural, teniendo en cuenta que en América Latina y el Caribe viven 6.9 millones de venezolanos.

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