Útiles nuevos, bolso nuevo, uniforme impecable, zapatos lustrados y libros recién desempacados, llevan los miles de alumnos a los colegios públicos que dieron inicio al calendario escolar correspondiente al presente año.
Sería extraordinario que en esta oportunidad el Plan de Alimentación Escolar (PAE) empezara a servirse desde el mismo momento en que las puertas de los planteles se abren, porque no hay que olvidar que para muchos es la posibilidad de probar dos platos de comida, al día, puesto que van clases sin probar bocado.
Lástima que así como los alumnos llegan estrenando, no fuera posible que el sistema educativo colombiano lograra una oxigenación en los aspectos vitales de la calidad, la cobertura y la asignación suficiente de los recursos presupuestales.
Es un deber inaplazable la transformación en algunos esquemas de la educación desde la educación inicial y con énfasis en la preescolar, básica, media y superior, para combatir aquello que se ha dado por llamar una nueva generación de ‘analfabetos’ con personas que saben leer pero no entienden ni una palabra de los libros, documentos y textos que leen.
Ahí existe una gran misión en la que el gobierno, los educadores e instituciones de educación superior tendrán que sentarse a definir las líneas de acción para que la comprensión, el análisis y el discernimiento de la lectura se conviertan en una asignatura que vaya transversal a los demás componentes de la malla curricular.
Eso es inaplazable porque esta falencia de leer más pero no mejor, lógicamente se refleja en bajos resultados en las pruebas PISA, que el año pasado dejaron a Colombia muy mal parada porque los estudiantes tuvieron un rendimiento inferior que el promedio de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias.
Teniendo esa medición, lo lógico es poner manos a la obra para enderezar. La problemática no da más espera, como tampoco la da aquello que se relaciona con el cubrimiento del déficit de plazas de maestros en escuelas y colegios públicos ciudades y veredas.
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura, dice uno de los apartes del artículo 67 de la Constitución Política de Colombia.
Una manera de cumplir con ese precepto es contar con los profesores requeridos para atender a los alumnos que asisten a esos establecimientos, luego ahí es fundamental la pulcritud en los procesos de selección para cubrir la plazas docentes y contar con los dineros requeridos para ello, es decir, elevar el porcentaje dentro del presupuesto general de la nación con destino al sector educativo.
Una acción semejante hay que hacer para ampliar cobertura en las universidades públicas colombianas con más asignaciones de recursos y el fortalecimiento de programas de financiación que permitan para que la matrícula crezca con muchos más bachilleres pudiendo acceder a los programas de educación superior.
Sobre este derecho constitucional, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, ha dicho que en 15 meses de gestión, el gobierno del presidente Iván Duque le ha dado respuesta y ha avanzado en asignaturas que Colombia tenía pendiente en materia de recursos, reformas, iniciativas y proyectos para la educación de los colombianos. Esperemos que esto sea así.
