Hay que resaltar los recientes golpes de las Fuerzas Militares y de la Fiscalía General de la Nación contra el Eln que hace presencia en la frontera con Venezuela y es señalado también de usar ‘narcolanchas’ para el tráfico de estupefacientes en el  Caribe. 

Dichas acciones contra el grupo armado ilegal tienen una evidente importancia, porque por ejemplo significó la neutralización de un  explosivista y francotirador que ejecutaba ataques contra las tropas y la población civil en  Norte de Santander.

Pero además, dicha organización resultó impactada en su estructura financiera, lo cual ojalá se profundice con la intensificación de las extinciones de dominio y la incautación de dinero y lingotes de oro, porque dicho debilitamiento económico es el que realmente ayuda a restarle fuerza al conflicto armado.

Notemos que al autodenominado Ejército de Liberación Nacional, teniendo en cuenta el reporte de la Fiscalía, le desbarataron una estructura para el lavado de activos mediante la cual habría blanqueado recursos  por $885.000 millones.

El Eln, que desde mediados de enero de este año desató la guerra con la disidencia de las Farc en el Catatumbo, perdió una  red de lavado que delinquía, al menos desde 2005, en Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño, Amazonas y Cundinamarca, al igual que en Bogotá. 

Notando la suma señalada y el hecho de que ese sistema de lavado de dinero llevaba operando veinte años, podemos advertir que dicha organización a la que el presidente Gustavo Petro señaló de haberse vuelto ‘traqueta’ ha tenido un  fuerte brazo financiero para la ejecución de las hostilidades armadas contra los soldados y policías, al igual que el control político y social en las comunidades de diversas regiones del país, como el nororiente colombiano.

Ante las desafiantes acciones de este grupo alzado en armas frente al Estado, las autoridades deben mantener la presión judicial, operativa, de inteligencia y de seguimiento al dinero y las propiedades, sin tregua de ninguna clase.

Es que la presión es urgente mantenerla desde los diversos frentes de acción, como respuesta contundente a una organización que siempre jugó en contra de la paz, durante las fallidas negociaciones con el Gobierno nacional.

Lo que los combatientes que hacen parte del Eln han perpetrado en el Catatumbo, en Arauca y otras zonas del país, lo mismo que su presencia en varios estados venezolanos fronterizos requiere que el Estado no ceda.

La presión debe mantenerse en respuesta a su utilización de las negociaciones como una estrategia para consolidarse militarmente y montar la estrategia bélica en territorio catatumbero, usando métodos de los antiguos paramilitares, como el traslado de guerrilleros de otros departamentos y la búsqueda de ‘enemigos’ casa a casa.

El Eln debe entender que al irse en contravía de las posibilidades de mantener el cese del fuego y continuar en la mesa de diálogo, desgastó la ‘Paz Total’ quitándole un altísimo índice de maniobra  de capital político frente a la sociedad.

Las pruebas sobre el potencial económico que se esconde detrás de esta organización que surgió con ideales guevaristas igualmente confirma la degradación del conflicto armado al tener como combustible la economía ilegal del narcotráfico.

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