El Certificado técnico-mecánico, que incluye desde la revisión de la emisión de  contaminantes y peligrosos gases hasta el estado de los vehículos, agita el panorama en la región, porque se temen incrementos en su valor y no hay mayor claridad sobre la entrega de una póliza por parte de los centros de diagnóstico a los usuarios.

Para resumir, es todo un galimatías que surge de la Ley 2283 del 5 de enero de este año y que ya está empezando a generar quejas ciudadanas, mientras que empieza a despertar el interés de los organismos de control.

El parágrafo segundo del artículo sexto ordena que los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) deberán tomar, con una entidad aseguradora legalmente establecida en Colombia y con libertad de oferta, un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular, que ampare los daños materiales causados a terceros, sin cargo o sobrecosto para el usuario, por la vigencia de cada uno de los certificados emitidos.

Como en muchas de las normas que se crean en un país de leyes como Colombia, en esta también parece que va a suceder aquello de que una cosa es lo que ocurre en el mundo legislativo y otra muy distinta la que sucede en la realidad, como se ha comenzado a advertir desde los CDA y porque se advierten algunos vacíos.

“Sin cargo o sobrecosto para el usuario (...)”, se lee muy atractivo en la ley, pero resulta que probablemente podríamos estar a las puertas de una carestía en ese procedimiento, por lo que se ha escuchado en esos centros de diagnóstico y por un caso particular que ocurrió en uno de ellos, en Cúcuta.

Los CDA han advertido que las tarifas por la prestación de ese servicio se podrían aumentar hasta en un 15 por ciento, lo cual resultaría afectando seriamente la posibilidad de cumplir con este trámite, el cual sin esta clase de problemas de por sí no todos los carros y motocicletas  cumplen como lo indican las estadísticas; se calcula que el 56% evaden esta obligación en el país.

La Asociación de Centros de Diagnóstico Automotor reveló que dicha alza podría ocurrir a partir de agosto por efectos de la citada póliza para amparar los daños materiales causados a terceros, por un año.

Si eso es así, podríamos estar asistiendo a mayores volúmenes de conductores que no cumplirán con la obtención del certificado de revisión técnico-mecánica, porque ahora tendrían como otra excusa, el alto costo del mismo, a raíz del aumento anunciado.

Y el vacío del que se está hablando ya hizo su aparición en Cúcuta, cuando el usuario de un CDA llevó el vehículo para que lo sometieran a los respectivos diagnósticos y mediciones, y al terminar el trámite le expidieron el certificado pero no le entregaron el seguro del que habla la Ley 2283 de este año.

De lógica él se fue para la delegación del Ministerio Público a instaurar la respectiva queja por considerar que se está desacatando una ley, máxime cuando se ha conocido que el Ministerio de Transporte les envió notificación a los CDA en el país para recordarles la obligación de entregar la póliza.

Y ahí viene otro pero que enrarece más el panorama, como es la respuesta dada por el CDA ante la Procuraduría, en donde afirma que la Ley 2283 no ha sido reglamentada y que en el mercado asegurador de la región -según la explicación- no existe un operador que comercialice el producto ajustado a lo expuesto en la norma.

Le corresponde al Ministerio de Transporte despejar los gases que enturbian en este momento la de por sí altamente evadida revisión técnico-mecánica.

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