“Dígale a Petro que no nos siga mandando mariposas amarillas que acá de eso no se come”. “Guardamos las esperanzas de que no sea una Conmoción Interior solamente por el nombre”.
Las anteriores son un par de frases lapidarias: la primera, de un catatumbero desplazado que, en un albergue, se la dijo al excanciller Álvaro Leyva; y la segunda, del alcalde de Hacarí, Ribeiro Muñoz.
Lo dicho por ellos, quienes son los que padecen en carne propia la crisis, describe la ansiedad de la comunidad del Catatumbo luego de dos meses desde que estallara la guerra entre el Eln y la disidencia de las Farc.
Un último reporte estadístico pone de manifiesto que esa subregión de Norte de Santander está en el peor de los mundos con 92 homicidios desde aquél 15 de enero de 2025 en que empezaron las hostilidades entre esos dos grupos armados organizados -las cuales no han cesado-.
Es razonable que hoy desde ese territorio se escuchen afirmaciones irónicas contra los discursos del presidente en los que habla de Macondo, porque se teme que como el título de la famosa obra ‘Cien años de soledad’, ese sea el destino de los catatumberos.
Mientras que la plata e inversión prometidas por el Gobierno nacional con la Conmoción Interior no han llegado, los que sí siguen mostrando su poder son el Eln y la disidencia que siguen en combates en varias zonas del Catatumbo de donde no quieren irse ni dejar el fabuloso negocio de la cocaína en sociedad con transnacionales del crimen organizado.
Pero, además, hay otro hecho, y es que estaría ocurriendo una especie de reagrupamiento del disidente frente 33 de las Farc para la retoma de las zonas de donde sus combatientes fueron desalojados por el también ahora fuertemente armado Eln que trasladó hombres armados desde Arauca hasta el Catatumbo.
Tiene toda la razón el alcalde Muñoz en cuanto al Estado de Conmoción Interior, porque no fuera raro, pero al mismo tiempo muy lamentable y peligroso, que esa figura constitucional vaya a quedar desgastada al no representar avance significativo alguno en ninguno de los frentes, como consecuencia de la tardanza de las entidades estatales para la habilitación y desarrollo de los componentes que se financiarán con los $2,7 billones de adición al Presupuesto General de la Nación producto de los decretos creados al amparo de la medida de excepción, y con destino exclusivo a la región.
Lo peor de todo esto, es que con un Tibú y Teorama que por número de habitantes apuntan a ser los más violentos de Norte de Santander, con 53 y 22 muertos por este solo episodio del conflicto armado, el 17 de marzo los alcaldes de la región se quedaron esperando a que alguien los atendiera en la Casa de Nariño a donde los citaron para explicarles cómo sería el proceso de inversión en sus municipios. Se devolvieron sin respuesta porque el Gobierno incumplió la cita que les dio.
Las estadísticas del PMU de la Gobernación de Norte de Santander nos señalan que las víctimas del desplazamiento forzado van rumbo a los 60.000 y que 30.000 se encuentran en Cúcuta, también por ese solo caso, en lo que cual se debe insistir porque se trata de peor crisis humanitaria de todos los tiempos, la cual no ha mermado, como lo prueba el hecho de que los combates entre las organizaciones armadas ilegales están en fragor debilitando todavía más la de por sí ya impactada Paz Total.
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