Denuncian que parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, en Antioquia, era para celebrar posible libertad de alias Lindolfo, se lee en los medios de comunicación.

Sigue siendo asombrosa la capacidad que tienen los delincuentes  y las organizaciones al margen de la ley para desbaratar todas las reglas establecidas y pasarse por encima a las autoridades carcelarias y montar costosas fiestas.

Incluso, llama la atención que artistas como en este caso, Nelson Velásquez, vayan a los centros penitenciarios a cantar en esas parrandas vallenatas, evidentemente ilegales y que se hacen obviamente haciendo uso de los canales corruptos imperantes.

Lo peor es que se trata de una maniobra repetitiva en cualquiera de los penales del país que no pasan del escándalo en los medios  de comunicación y en las redes sociales, hasta la próxima gran y millonaria rumba, sin que las medidas existentes logren ponerle término a esta práctica.

¿Por qué el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario no las han logrado contener? La respuesta se encuentra en que el recurrente mal de la corrupción, que es el foco de la mayor parte de los problemas que se han apoderado de las prisiones colombianas.

Es que dicho eje del mal es urgente desmontarlo no solo para apagar esta clase de fastuosos espectáculos sino para contener las extorsiones desde las celdas y cortar definitivamente cualquier posibilidad de que los jefes de bandas que purgan condenas sigan manejando los hilos delincuenciales desde detrás de las rejas.

Tengamos presente  que en un par de meses o antes los colombianos estaremos asistiendo a otro espectáculo no permitido de esa naturaleza, muchos se rasgaran las vestiduras, los órganos de control argumentarán violaciones a la normatividad y a esperar hasta la próxima fiesta carcelaria ilegal.

Y, coincidentemente con este repetitivo hecho, el hacinamiento carcelario que afecta al sistema penitenciario y se extiende a las estaciones de policía y las sedes de la Fiscalía en todo el país, también continúa sin una solución.

El hecho que aterra es que 28 años después de la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional sobre las cárceles nacionales, en la actualidad esa “problemática estructural del sistema penitenciario” sigue prácticamente inmodificable.

De acuerdo con un indicador oficial de visualización sobre el hacinamiento de la población carcelaria se advierte que este fluctúa entre el  27% y el 29% en el país, sin que muestre síntomas de ninguna clase de mejoramiento.

Ojalá pueda lograrse un mejoramiento de esos indicadores y que situaciones como las sucedidas en la cárcel Modelo de Cúcuta y en las estaciones de Policía de la ciudad por efecto de la superpoblación logren una salida efectiva.

Para ello se necesita que el consenso institucional precisamente se concentre en la revisión de las  políticas públicas criminal y la de seguridad, con el fin de avanzar hacia su armonización con la carcelaria, para procurar detener la cantidad de problemas actuales.

Igualmente se espera que el régimen de competencias y recursos a cargo de las entidades territoriales en este asunto también puedan trabajar en objetivos comunes que se traduzcan en soluciones prontas y perdurables para enfrentar la problemática en los sitios de reclusión.

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