Señores del Eln dejen de traquetear y hagan mejor la paz con el pueblo colombiano (...) y no entregarse a los brazos incestuosos de Pablo Escobar”, fue el mensaje que el presidente Gustavo Petro desde Los Patios le envió a ese grupo armado organizado, el cual es señalado como el protagonista principal de la guerra y la crisis humanitaria en el Catatumbo.

Casi que en simultánea, desde los Estados Unidos llegó una comunicación a la Casa de Nariño remitida por el Departamento de Estado: “Colombia necesita controlar el cultivo de coca y la producción de cocaína mediante una expansión drástica de la inversión en zonas rurales para lograr una transición sostenible de los agricultores hacia cultivos legales y mediante un aumento de la erradicación efectiva”.

Ese texto encaja perfectamente para regiones como la catatumbera y coincide con los planteamientos de las propias comunidades y de las administraciones locales, en el sentido de que la inversión en diversos frentes es la opción para el rescate y transformación del territorio.

El Estado colombiano con toda su institucionalidad ojalá atienda ese llamado del gobierno estadounidense y comience a invertir los recursos previstos dentro de la Conmoción Interior y active de una vez el Plan Catatumbo con la puesta en marcha de los proyectos que requiere esta subregión para poder decirle adiós a las economías ilegales.

Y desde Washington las consideraciones en este asunto de las drogas ilegales tácitamente hacen referencia al Catatumbo que vive hoy una de sus peores épocas de violencia, cuando señala que “el narcotráfico continúa amenazando la autoridad del Estado y ejerciendo control sobre algunas zonas”.

En esta zona dicho planteamiento se ratifica con las alianzas de los grupos armados ilegales con organizaciones transnacionales del narcotráfico como los carteles de Sinaloa y de Los Soles, en una región con una extensión de 43.000 hectáreas de hoja de coca.

Ahora bien, aquí podría ser una oportunidad para que el Catatumbo se convierta como en una especie de piloto en este nuevo intento de aplicar la sustitución de cultivos ilícitos dentro del sistema de pago mensual a los campesinos, que en esta ocasión, de acuerdo con Petro, debe hacerse arrancando cada mata con la raíz incluida.

El monitoreo estadounidense, que bien podría verse como una veeduría, serviría para una estricta aplicación de la estrategia planteada de un pago por erradicación de $1.280.000, equivalente al 90% de un salario mínimo legal vigente, durante 12 meses a cada familia en la región.

Es que aquí hay algo que no debemos olvidar. De nada valdrá que se lleguen a hacer esos desembolsos y que la hoja de coca empiece a desaparecer del paisaje catatumbero, porque si no se construye la infraestructura vial y los campesinos no son cobijados con ambiciosos planes de fomento agropecuario y agroindustrial nada se habrá hecho. 

Para que todo lo planteado, anunciado y firmado conduzca a recobrar la seguridad y rescatar al Catatumbo del imperio de mafias internacionales en contubernio con el Eln y la disidencia de las Farc, hay que dejar ya el discurso y pasar a la  gestión y la ejecución de los programas de inversión que ya están definidos.

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