El traslado de las personas privadas de la libertad que se encuentran en estaciones de Policía hacia la cárcel de Cúcuta es un hecho que debe servir para no dejar pasar por alto el problema de hacinamiento que agobia al sistema penitenciario.

Ya que el actual gobierno tiene el sol a las espaldas y ha empezado a moverse la campaña con miras a las elecciones presidenciales del año entrante, es hora de empezar a escuchar propuestas coherentes  y no cargadas de populismo sobre el modelo carcelario en el país.

Acontecimientos como el espectacular escape de un delincuente de alta peligrosidad como Zeus o  las fugas masivas de los detenidos en esos lugares y el desbordamiento de la capacidad de dichas instalaciones para albergar a los detenidos, confirman que el citado mecanismo alternativo ocasiona más problemas que los que soluciona.

Por un lado genera mayores niveles de percepción de inseguridad entre los habitantes de los barrios en que se encuentran los establecimientos policiales que momentáneamente son convertidos en improvisadas prisiones, sin tener las condiciones para ello.

Entonces, el mal resultado arrojado tiene que llevar al cierre definitivo de esta opción que para el caso del área metropolitana de Cúcuta lo que produjo fueron mayores inconvenientes, porque además, legalmente se trata de centros transitorios para detenciones de hasta 36 horas, solamente.

Pero igualmente al convertirlos por la fuerza de las circunstancias en cárceles improvisadas, se produjo otro efecto negativo para la seguridad ciudadana, al tener que sacar de las calles a numerosos policías para que ejercieran un cargo que tampoco es el suyo, como es el de guardianes.

Luego queda mucho por hacer, admitiendo eso sí, que no se puede seguir improvisando con las celdas policiales hacinadas y numerosos agentes actuando como ‘carceleros’ lo cual en últimas terminó siendo dañino para la propia operatividad de la Policía en sus acciones de lucha contra la criminalidad.

Un asunto para tener en cuenta es lo expuesto en una ocasión por la Corte Constitucional:

“Todos estos factores contribuyen a que las condiciones de hacinamiento en los establecimientos de reclusión del orden nacional y territorial tiendan a acrecentarse con el paso del tiempo, puesto que la tasa de ingreso al sistema penitenciario y carcelario es mayor que la tasa de egreso”.

Los colombianos esperan entonces que quienes aspiran a la Presidencia de la República den a conocer sus propuestas de la política carcelaria que de lógica debe ir ligada con la reforma  a la justicia.

Ese necesariamente es un tema sensible en la campaña electoral y el mismo deberá modularse teniendo igualmente presente lo advertido por la Corte Constitucional sobre  el estado de cosas en la política penitenciaria del país.

Muchas debilidades hay que enfrentar: el hacinamiento. El uso de las celdas como centros para seguir delinquiendo. La corrupción. La falta de programas de rehabilitación de los prisioneros hacia  su proceso de resocialización. Violaciones a los derechos humanos. Deficiencias en la infraestructura y una gestión inadecuada.

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