Ni enfermarse se puede en Colombia ni mucho menos en Norte de Santander o Cúcuta porque los problemas estructurales de la salud le generaron otra recurrente y difícil crisis a la Nueva EPS.

Dos importantes clínicas que operan en la ciudad les cortaron la mayoría de servicios a los pacientes afiliados a dicha entidad, quienes solo podrán acudir para recibir atención en urgencias vitales.

Leerlo es fácil. Pero trasladar el riesgo que este dramático cuadro significa para unos 800.000 afiliados en la región representa un panorama de alta gravedad, porque se quedaron sin servicios médicos especializados, de cirugías y tratamientos, por ejemplo.

Lo ocurrido como consecuencia de la deuda que la Nueva EPS tiene pendiente de pagarles a las citadas IPS privadas, llevará a lo que hace pocos días advirtieron algunos expertos, de que el sistema de salud se verá afectado por el crecimiento de las tutelas,  los riesgos de mortalidad y las deudas con los centros hospitalarios.

Al ocurrir este recorte de los servicios por la enfermedad que lleva sobre sus hombros  la salud en Colombia, el Estado incurre en una violación de la Constitución política de 1991, que en el artículo 49  “garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.

¿Por qué no están aquí en Cúcuta despachando el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el titular de la Superintendencia de Salud y el presidente de la Nueva EPS?

Pregunta obvia que ni siquiera deberíamos estar formulando, pero como nada de eso ocurre, lo cierto es que la escasa o nula respuesta a la emergencia que enfrenta la región deja entrever el poco interés gubernamental por superar esta recaída.

¿Llegaremos Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos con la mayoría de servicios asistenciales suspendidos para quienes en el departamento hacen parte de la Nueva EPS?

Como siempre lo hemos sostenido, Norte de Santander, por estar localizado en la frontera no es último departamento ni el menos importante de los 32, porque precisamente su localizado geográfica lo convierte en el lugar donde nace y empieza Colombia.

 Es necesario, no solo para este caso en específico sino para buscar el saneamiento total de la deuda de la salud con la región, que incluye la de atención a los migrantes y la que prestan también los hospitales y demás IPS privadas, una gestión que surja desde la región para tocar las puertas del Gobierno nacional.

 Se requiere que los alcaldes junto con el gobernador, los diputados, concejales, la dirigencia gremial local y los voceros de la salud emitan una declaración conjunta enfocada a que se tomen acciones extraordinarias contra esta acumulación de deudas que cada vez más amenaza con colapsar el sistema.

Quienes mejor describen lo ocurrido son los ciudadanos que sufren los efectos. Para ellos hoy en día está prohibido enfermarse. Y la otra paradoja que los agobia es saber que pagan mes a mes a las EPS pero resulta que nadie los atiende.

La vida de miles de personas está en riesgo, eso lo deben entender tanto el presidente Gustavo Petro, como el Congreso de la República y los diversos componentes del sistema de salud, a quienes les corresponde hacer un alto en el camino y mediante la concertación emprender el gran rescate de la salud de los colombianos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.