Colombia sigue de luto por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, un hecho que debe esclarecerse con la mayor celeridad y seriedad judicial por parte de los organismos encargados de desarrollar una labor como esa.

Sin embargo, en lugar de contribuir al esclarecimiento, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha insinuado que detrás del crimen estarían los “negocios de esmeraldas” y “la junta del narcotráfico”.

Se trata de afirmaciones gravísimas, pero sin sustento probatorio, como esta que dijo Petro: “es probable, la Fiscalía nos debe decir, que el asesino del senador Uribe Turbay está ahí, por un negocio de esmeraldas”.

La Fiscalía General de la Nación, en cabeza de su Unidad Especial de Investigación, es la autoridad competente para conducir la investigación, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia (artículo 250).

Cualquier versión distinta, no soportada en pruebas, puede desviar la atención de la investigación penal, entorpecer la búsqueda de la verdad, levantar cortinas de humo y dificultar el trabajo que se adelanta para esclarecer el asesinato del precandidato presidencial.

Incluso, el caso de Uribe Turbay quien murió el 11 de agosto luego del atentado que sufrió el 7 de junio, lo consideró la fiscal general Luz Adriana Camargo como un magnicidio, demostrando la gravedad de lo ocurrido al ser atacado un líder opositor en desarrollo de su campaña electoral.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido enfática en señalar que, en casos de crímenes contra líderes políticos, el Estado tiene la obligación reforzada de garantizar investigaciones independientes, libres de injerencia política y basadas en evidencias verificables. En este sentido, resulta improcedente que el propio jefe de Estado anticipe hipótesis o señale responsables sin que la justicia se haya pronunciado.

No es la primera vez que un presidente colombiano emite declaraciones sobre magnicidios o hechos violentos de manera apresurada. La Corte Constitucional (Sentencia T-391 de 2007) ha recordado que la libertad de expresión de los altos dignatarios debe ejercerse con un estándar más estricto de responsabilidad, pues sus palabras tienen impacto institucional.

Lo que Colombia necesita hoy no es ruido ni especulación. El país requiere respeto por la independencia de los órganos de investigación, un compromiso real con la transparencia y la garantía de que ninguna línea de investigación será descartada ni manipulada por razones políticas.

La memoria de Miguel Uribe Turbay y la dignidad de sus familiares merecen que se imponga la verdad judicial sobre el ruido mediático y la especulación. Por eso es recomendable que todas las líneas de investigación se agoten hasta encontrar a los determinadores que dieron la orden de asesinar al joven dirigente político. Además, el país entero tiene derecho a confiar en que la justicia se imparta sin presiones ni interferencias de ningún tipo.

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