La reciente intención del gobierno del presidente Gustavo Petro de abrir una nueva licitación para la concesión del Canal 1, a pesar de que esta fue legalmente adjudicada y renovada hasta 2037, representa una amenaza directa a la libertad de prensa y a la seguridad jurídica en Colombia. 

Esta acción no solo vulnera derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, sino que también sienta un peligroso precedente para la independencia de los medios de comunicación en el país.

El artículo 20 de la Constitución Política de Colombia garantiza a toda persona “la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”. 

Además, establece que “no habrá censura” y en el artículo 73 dispone que “la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”, aspectos estos que pueden llegar a vulnerarse en el evento que prospere lo planteado por el jefe de Estado.    

La decisión de reabrir una licitación ya adjudicada, sin una causa legal justificada, puede interpretarse como una forma de censura indirecta y una persecución contra un medio que ha cumplido con todas las normativas legales vigentes. 

Este tipo de acciones socavan la confianza en el Estado de derecho y en las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley en Colombia.

Además, la propiedad privada y la seguridad jurídica son pilares fundamentales de nuestra democracia. El artículo 58 de la Constitución establece que “se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles”. 

La expropiación solo procede por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, y siempre mediante indemnización previa.

Ante esta situación, es imperativo que los organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, actúen para proteger los derechos fundamentales de los operadores del Canal 1 y garanticen el respeto a la legalidad vigente.

 Asimismo, la sociedad civil y las organizaciones defensoras de la libertad de prensa deben alzar su voz en procura de la independencia de los medios de comunicación y la pluralidad informativa.

La democracia colombiana no puede permitirse retrocesos en materia de libertad de expresión y seguridad jurídica. Es responsabilidad de todos los actores sociales y políticos velar por el respeto irrestricto de nuestra Constitución y de los derechos que ella consagra.

Rechazamos categóricamente cualquier intento de coartar la libertad de prensa y hacemos un llamado al Gobierno nacional para que respete las concesiones legalmente otorgadas y garantice un ambiente propicio para el ejercicio independiente del periodismo en Colombia.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion