El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro de tomar un porcentaje del ahorro de los bancos para financiar créditos baratos es motivo de gran preocupación.

Este intento de centralizar el control de los recursos financieros del país sigue una peligrosa tendencia que ha caracterizado su administración: ya se ha hecho con el control de parte de los fondos de pensiones a través de la reforma pensional, y también con los recursos destinados al sistema de salud mediante el giro directo. 

En todos estos casos, el dinero de los ciudadanos ha sido colocado bajo el manejo directo del gobierno, y el riesgo que esto supone no puede ser subestimado, porque los resultados en otras latitudes  han sido desastrosos.

Petro ha demostrado ser un administrador deficiente y sus políticas han generado un ambiente de incertidumbre económica, como lo han venido advirtiendo diversos sectores de la vida nacional.

No solo ha comprometido la estabilidad financiera del país, sino que ha sembrado dudas sobre la capacidad del Estado para manejar los recursos de manera eficiente y transparente. Los recientes escándalos de corrupción que rodean a su gobierno solo agravan esta preocupación, al cuestionar la idoneidad y la integridad de quienes estarían a cargo de manejar estos fondos.

El hecho de que el presidente, quien debería ser el garante de la estabilidad económica, esté tomando control sobre el dinero de las pensiones, la salud y ahora los ahorros en los bancos, plantea un escenario alarmante. Estos recursos, que pertenecen a los colombianos, no deben ser utilizados como una herramienta para 

proyectos populistas o para sostener políticas que, como hemos visto, no generan confianza ni resultados sostenibles.

La riesgosa idea expresada por Petro plantea “sacar del ahorro público una parte para invertir en las actividades de la producción, a la banca le conviene porque en este momento se está deteriorando su cartera”.

La historia nos ha mostrado que cuando el Estado centraliza el manejo de recursos tan vitales, los riesgos aumentan exponencialmente. El caso venezolano es un ejemplo claro de cómo el control estatal sobre los ahorros y fondos privados puede llevar a la ruina económica y social. Colombia no puede permitirse seguir ese camino.

El Congreso de la República debe desempeñarse a fondo y no darle la bendición a una propuesta de tales dimensiones que puede terminar siendo catastrófica para la economía del país y lógicamente para los ciudadanos. Ese tipo de modelos  no deben prosperar, porque pueden llegar a convertirse en una opción equivocada de consecuencias impredecibles.

Señor presidente, usted ostenta la más alta dignidad de la nación, y con ello, una enorme responsabilidad por la estabilidad del país, la salud de la economía y la prosperidad de los ciudadanos. 

Le instamos a reconsiderar esta propuesta y a enfocar sus esfuerzos en fortalecer las instituciones y garantizar la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Los ahorros, las pensiones y la salud de los colombianos no son herramientas políticas, son el sustento de nuestra estabilidad y futuro. Es hora de protegerlos, no de ponerlos en riesgo.

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