Cada día surgen más detalles que sirven de evidencia concreta sobre el innegable crecimiento y fortalecimiento de los grupos armados ilegales en Colombia, tanto por número de combatientes como de su presencia en diversas regiones del país.

Y claro, ese es un elemento que tiene un gran peso en los niveles de violencia que azota a Norte de Santander, con mayor incidencia en zonas como el área metropolitana de Cúcuta, la frontera con Venezuela  y el Catatumbo.

Su carga sobre la política de ‘Paz Total’ son demoledores porque indican que las organizaciones con las cuales el Gobierno nacional ha intentado adelantar fallidas negociaciones han terminado siendo más poderosas.

Ahí se encuentran un par de ellas que en este 2025 han martirizado a la región catatumbera, en su intento por quedarse con la economía ilegal del narcotráfico, como son el Eln y la disidencia de las Farc, enfrascadas en una guerra que no tiene muestras de desescalamiento.

Todos los frentes del autodenominado Ejército de Liberación Nacional que marca en sus filas 6450, el Estado Mayor Central de la disidencia cuenta con 3919 combatientes y el Estado Mayor de Bloques y Frente, otros 2802.

Fuera de eso se encuentra el Clan del Golfo que tiene a 8945 integrantes.

La primera visión es que estamos pagando los costos de  las fallas en las conversaciones donde los compromisos los incumplieron alzados en armas y la utilización de los ceses del fuego para la reconfiguración y la obtención de mayor poderío.

Es que se trata de una verdad de a puño  muy difícil de rebatir, porque se trata de aumentó del 15% ocurrido apenas entre diciembre del 2024 y julio del presente año, para llegar a un total de 25.278 miembros.

Ese es el número de quienes actúan como integrantes de esos bloques de la criminalidad que extorsionan, secuestran, hostigan a la población civil, la desplazan y desaparecen al igual que  incurren en el reclutamiento forzado de menores y atacan a la Fuerza Pública.

El común denominador es que nutren sus finanzas con los ingresos provenientes de la producción y comercialización ilegal de cocaína, entendiéndose ahí uno de los motivos por los cuales llegan a generar hasta enfrenamientos entre esas estructuras y su posicionamiento en las áreas en que mayor presencia de cultivos ilícitos.

Sobre ese pasaje del conflicto armado, no se puede dejar de referenciar el análisis crítico de la Fundación Ideas para la Paz,  que deja mal parados a las dos últimas administraciones nacionales.

“Ni el gobierno de Iván Duque ni el de Gustavo Petro, que finalizará el 7 de agosto de 2026, pudieron detener el crecimiento de los grupos armados y fallaron en su estrategia de seguridad”, es la consideración de la FIP. 

Por el momento, los colombianos tendrán que estar muy atentos a las propuestas que en materia de seguridad ciudadana, conflicto armado y paz planteen quienes aspiren a la Presidencia de la República para con su voto determinar hacia dónde se quiere dirigir el país en los próximos cuatro años.

Y a los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño les corresponde, por su parte, exponer profundamente y con los debidos argumentos, los proyectos y las medidas con los cuales pretenden enfrentar los problemas señalados y de esa forma sacar a Colombia de la espiral de violencia y al mismo tiempo consolidar la paz conjurando los factores que impiden su consolidación.

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