Investigación profunda, resultados concretos y  consecuencias contundentes reclaman los colombianos sobre las denuncias relacionadas con las supuestas conexiones entre la disidencia de las Farc y el Gobierno nacional, teniendo al Catatumbo como un protagonista de primera línea.

La utilización de los términos exhaustivo, hasta ahora me entero o parece que todo fue a mis espaldas, deben quedar relegados, puesto que la información encontrada en los computadores de alias Calarcá no puede tratar de minimizarse de esa manera.

Para el caso de la subregión del Catatumbo, el pasaje del chino que presuntamente les vende armas a la disidencia del 33 frente de  las Farc requiere acciones diplomáticas, militares y judiciales para esclarecerlo y entrar a tomar otra clase de determinaciones.  

Es hora de que  la inteligencia del Ejército y la Policía, así como la Fiscalía entreguen resultados operacionales frente al ciudadano de China que en los chats de Calarcá aparece vinculado a la supuesta compra de armas, minería ilegal de oro y apoyo logístico para fortalecer la estructura de las disidencias en el Catatumbo, Caquetá, Antioquia y sur de Bolívar, lugares en los que visitó los campamentos de ese grupo.

Esto, más la advertencia de infiltración de esa organización armada ilegal en el Ejército, la Fiscalía, la Policía y las agencias de inteligencia, viene a caer con la fuerza de un meteoro.

Es que se trata de material clave que llega a confirmar el fortalecimiento de este grupo que en la región catatumbera libra una guerra con el Eln desde mediados de enero del presente año en la lucha por las economías ilegales.

Se trata de una encrucijada para la ‘Paz Toral’, puesto que en cuanto al frente 33 de esa disidencia se sigue previendo, por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro,  avanzar en la Zona de Ubicación Temporal.

Sin embargo, evidentemente lo descubierto pone en entredicho la opción de seguir adelante con el proceso de paz con  este bloque de combatientes. 

Todo el ruido generado deja maltrecha esa negociación, porque hasta la comunidad internacional ha sido sorprendida por los acontecimientos descritos que dejan muchas inquietudes como aquella de presuntos vínculos de funcionarios gubernamentales con la citada agrupación que hace no solo presencia en Norte de Santander sino en otros departamentos del país.

Lo más sensato sería poner en el congelador cualquier estrategia de conversación o acercamiento con la disidencia de alias Calarcá en la región mientras se pone en blanco y negro toda la información puesta en evidencia en dichos documentos.

Las dudas, son inmensas, el desgaste se nota a leguas y la cascada de críticas desde distintos sectores políticos y de expertos deja entrever que el panorama no luce alentador. 

Frente a esta situación al Gobierno nacional le corresponde proceder a aclarar todas las inquietudes que rondan en estos momentos por el país sobre las probables relaciones non santas con esa organización que ya le dio la espalda la búsqueda de la paz en el pasado y que aunque ahora dice sí estar interesada en buscarla, todo lo reseñado en los archivos secretos de la disidencia muestran una faceta que está muy lejos de querer llegar a un acuerdo. 

Esta es una verdadera prueba de fuego para el presidente Petro, quien con cabeza fría y pensando en el país debe actuar apegado a la Constitución y la ley.

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