En un 63% se ha incrementado el reclutamiento de menores para llevarlos a esos grupos criminales”, fueron las doloras palabras del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre lo que está ocurriendo con nuestros niños en el Catatumbo.

“Nos están robando a nuestros menores” fue su declaración más dramática que a continuación expresó, apuntando hacia los factores generadores de violencia en esa zona de Norte de Santander.

En ese sentido va llegando el momento de que la comunidad internacional asuma una posición mucho más crítica y contundente  en materia de denuncia y reclamo contra los reclutadores de menores de  edad a quienes les roban sus sueños al forzarlos a volverse combatientes en el conficto armado.

Eso que planteó el funcionario sobre el crecimiento del número de víctimas de  esa práctica ilegal es un indicador sobre la enorme magnitud de esa guerra que ya va para un año, en la cual los perdedores son los  niños y niñas a quienes les cambian el lápiz y el cuaderno por el uniforme y un fusil.

Eso nos muestra delicada situación dentro de la grave crisis humanitaria que padece la zona, como consecuencia de la violación de los derechos de la niñez  y su instrumentalización para obligarla a convertirse en elemento actuante dentro de una guerra que no es la suya.

Por tal motivo, no será extraño que al hacer el balance de orden público y detallar las estadísticas de la niñez reclutada para el combate por las fuerzas irregulares que enfrentan a los organismos del Estado, en ese aspecto también el Catatumbo ocupará los primeros lugares.

Es decir,  todo lo que se está conociendo en esta fase del año hace presumir que en materia de inseguridad y de hostigamiento la región se alzará -para desgracia de todos- con todos los títulos deshonrosos que indican los niveles de peligrosidad que la situación en la región implica para la vida de las personas.

Es que los antecedentes en nuestro país, teniendo en cuenta recientes mediciones de Naciones Unidas advierten que  el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado en Colombia, durante los últimos cinco años, se ha disparado en un 300%.
Coincidimos con lo planteado por la Defensoría del Pueblo en el sentido que el reclutamiento forzado trasciende la frialdad de las cifras, puesto que cada caso representa la devastadora ruptura de un proyecto de vida, el desarraigo de un entorno seguro y el sometimiento a formas extremas de violencia.

Y entonces viene la pregunta que debe hacernos recapacitar a todos: ¿en dónde está el cumplimiento del deber ineludible del Estado y de toda la sociedad para garantizar entornos protectores que aseguren a las niñas, niños y adolescentes una vida digna, libre de violencia y con plenas oportunidades para desarrollar su potencial?

 Así como no podemos seguir siendo contadores de una tragedia de esta naturaleza, Colombia tiene que enderezar el rumbo y comprender que ofrecerles garantías reales a la niñez  pasa por la seguridad, la paz, la aplicación de la justicia plena y unas adecuadas condiciones económicas y sociales para todos.

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