El larguísimo conflicto armado colombiano está mostrando, hoy, una secuela inesperada: la exportación de mercenarios para la ejecución de operaciones militares tan diversas entre ellas pelear en guerras ajenas como la de Ucrania contra Rusia, en Yemen, en Sudán, Somalia o Nigeria estar en Emiratos Árabes Unidos cuidando infraestructura petrolera o  integrando ejércitos privados para perpetrar crímenes, como sucedió en Haití con el asesinato del presidente Jovel Moise.

Y lo dramático es que al ser Norte de Santander uno de los departamentos más golpeados por las distintas oleadas de violencia, pues lógicamente forma parte de la ruta del mercenarismo con muchos de sus hijos vendiendo los servicios en ese mercado  que manejan los señores de la guerra, que ya no solo trafican armas, sino que comercializan combatientes expertos.

El trabajo periodístico de La Opinión dejó ver que quienes parten hacia el otro lado del mundo a combatir lo hacen para ganar suficiente dinero que les permita superar los problemas económicos de ellos y de sus familias, arriesgando para ello su vida en medio del fragor de los misiles, balas, artillería y drones.

Al Estado colombiano con toda su institucionalidad le compete actuar para frenar ese negocio de tráfico de ‘soldados  a sueldo’ y conjurar las causas socio-económicas que permiten tener oferta permanente de combatientes con ansias de oportunidades en ese submundo guerrerista. Una ley de veteranos que contemple opciones laborales y educativas y una adecuada pensión de retiro puede ser la salida para este problema en crecimiento.

Observando los acontecimientos, las medidas y decisiones no dan espera porque ya este caso fue llevado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el gobierno de Sudán que señala a Emiratos Árabes de reclutar, financiar y desplegar mercenarios colombianos  en territorio sudanés para que luchen junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido, el grupo paramilitar calificado como rebelde.

La otra derivación de esta ‘industria’ se encuentra en México, donde los carteles del narcotráfico, en especial los de Jalisco y Sinaloa reclutan exmilitares y expolicías colombianos. Muchos llegan engañados creyendo que tendrán un contrato legal, y terminan custodiando cargamentos de droga.

Es hora de actuar con urgencia  incluso buscando el apoyo internacional para hacerle frente desde el punto de vista punitivo contra las empresas contratistas que hacen jugosas ofertas laborales para llevar personal a campos de batalla en el mundo.

Precisamente, en 1989 se logró la adopción por la Asamblea General de la ONU de la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.

Ahí tiene Colombia una buena base para levantar, mediante un proyecto de ley que hace trámite en el Congreso,  las barreras que empiecen a cerrarle el paso a ese tráfico, puesto que dicha Convención tipifica como delito el mercenarismo e incluye a quienes reclutan, emplean, financian o entrenan a esta clase de personas que van a la lucha armada a cambio de recibir un salario acordado con el contratante.

Lo único cierto por el momento es que el subregistro impera en cuanto al número real de colombianos que en este momento libran batallas que no son de ellos sucediendo lo mismo con cuántos han perecido en una trinchera o en un ataque en zonas hostiles y lejos de su patria.

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