La política de ‘Paz Total’ sigue encontrándose frente a espejos que le impactan  la imagen como acaba de suceder ahora con el informe de una plataforma de  organizaciones que describió a 2024 como el más crítico en materia de vulneración de los derechos humanos en Colombia.

Y allí, como siempre sucede en todo lo relacionado con el conflicto armado, Norte de Santander se encuentra, con el Catatumbo, como uno de los territorios mayormente  afectados.

Aquí es necesario hacer un paréntesis, porque si el año pasado la región fue categorizada dentro de esos niveles, el 2025 parece que será peor con todo lo que ha ocurrido en la guerra entre el Eln y la disidencia de las Farc.  

Para el Gobierno nacional, que siempre ha levantado las banderas de respetar la vida y los derechos humanos al igual que buscar la paz, resulta siendo un revés que la violencia territorial, el desplazamiento forzado y los confinamientos masivos sean resaltados en este tipo de análisis especializados, para mostrar que no ha logrado que sus estrategias funcionen.

Pero además, la actual administración nacional acumula otro deshonroso título que si la sensatez impera tiene que generar una especie de reingeniería, admitiendo,  por ejemplo, los errores en que se ha venido incurriendo. 

Y hacia es dirección hay que ir, porque  nada más y nada menos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales agrupan a más de 500 organizaciones de todo el país.

Luego se trata  de una alerta que requiere ser tenida muy presente, para proceder a efectuar las urgentes modificaciones en la política de seguridad  y en el proceso de paz.

Ser un gobierno con uno de los años descritos en la forma que lo hicieron los componentes de esas entidades, tiene que llamar a hacer una reconsideración de lo hecho hasta ahora para brindarles una verdadera protección a los colombianos.

Sin ir tan lejos, como lo señalamos antes, el Catatumbo es prácticamente el mejor termómetro para medir la degradación total del conflicto armado ante la reconfiguración y poderío de unos grupos armados ilegales que ahora manejan drones explosivos y cuentan con un fuerte brazo financiero proveniente del narcotráfico.

Ese escalamiento se ha sentido en Cúcuta y el área metropolitana, ocurriendo situaciones muy parecidas en el Cauca, Valle, Chocó, Magdalena Medio, Nariño, Antioquia, Guaviare y otros departamentos.

El reporte le pone una mala nota al  balance de la política de ‘Paz Total’, considerándolo como crítico, al advertirle al Gobierno que las negociaciones con el Eln y sectores de la disidencia de las  Farc no han producido resultados claros ni sostenibles.

Y también deja la advertencia sobre los persistenes errores de diseño, ausencia de marcos jurídicos y falta de una estrategia clara para el desmantelamiento total del paramilitarismo en el país.

Ante cuestionamientos válidos y sustentados como estos, el Estado debe responder con medidas que lleven a contener las situaciones de violencia hoy recorren el país y evitar que las condiciones empeoren y tiendan a volverse inmanejables.

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