Nuevamente tenemos que afirmar que el 2025 es un año particularmente violento en Norte de Santander, que hoy acude al espectáculo de unos grupos armados organizados combatiendo con equipos de alta tecnología, en este caso específico los drones cargados con explosivos.

Ver en las ciudades los videos en que caen los explosivos lanzados desde dichos equipos entre las fuerzas irregulares que combaten por quedarse con el territorio y manejar los cultivos ilícitos y la producción de cocaína, nos transportan a Ucrania, Yemen o a países del Medio Oriente.

Pero no. Resulta que esos combates entre dichas organizaciones llevan un explosivo mensaje a la sociedad, quizá más letal que las bombas que lanza, sino porque están queriendo mostrar un poderío bélico para generar  más miedo, zozobra e incertidumbre.

Implica, igualmente, una confirmación de como el combustible de un degradado conflicto armado ha  hecho ascender a ‘las grandes ligas’ del belicismo a los grupos criminales que hacen presencia en el territorio catatumbero.

Lo sucedido en la zona rural de Tibú ratifica las denuncias, advertencias y alertas sobre un fortalecimiento militar y de armamento por parte del Eln y la disidencia de las Farc, que cada uno por su parte ha estado en la mesa de negociaciones de paz con el Gobierno nacional.

Aquí la inteligencia militar tiene que ahondar en las pesquisas, indagaciones e investigaciones para determinar, por ejemplo, qué país o gobierno les ha dado instrucción a los combatientes de dichas organizaciones ilegales para que hagan el complemento de drones con bombas y para su manejo y precisión.

El otro aspecto por averiguar es de dónde provienen estos drones, seguir la ruta del mercado negro de estos elementos, para proceder a adelantar las respectivas acciones tendientes a desmontar o desmantelar las rutas y organizaciones que hacen el suministro de los citados artefactos mortales.

Lo que está pasando en Catatumbo es urgente someterlo a un análisis profundo, porque se ha introducido un elemento nuevo para la ejecución de atentados terroristas como son los drones cargados con explosivos, hecho que es urgente conjurar porque de lo contrario se está introduciendo un factor de muy alto riesgo para la seguridad ciudadana.

Luego otra de las misiones desde el campo militar en la subregión nortesantandereana tiene que ver con el desvertebramiento de las unidades guerrilleras y disidentes que usan dichos aparatos voladores, reforzando igualmente  las unidades del Ejército y la Policía con drones y antidrones para hacerle frente desde ese campo a los enemigos de la paz y del pueblo que persisten en la guerra como salida.

La invitación es a la comunidad internacional y sus organizaciones como la ONU y la OEA para que condenen esta  nueva práctica dentro del escalamiento del conflicto armado, puesto que la población civil queda en alto riesgo de ser víctima de hostilidades con mayores niveles de letalidad.

Seguimos, en Norte de Santander y en el Catatumbo, en el peor de los mundos  al ser sometidos a un yugo de violencia sin precedentes que deja un sendero de muerte, desplazamiento, confinamiento y desesperanza, mientras que el Estado intenta la recuperación del control territorial y la derrota de los violentos con acciones como el Estado de Conmoción Interior y la activación del Plan Catatumbo, que tendría inversiones de hasta seis billones de pesos.