En una ‘zona roja’, así suene muy guerrerista, como Tibú, lo menos que cualquier desprevenido ciudadano pensaría es que edificios como la Alcaldía debería contar con un plan especial de vigilancia y seguridad por parte de la Fuerza Pública que en la región del Catatumbo tiene desplegadas miles de unidades militares y policiales.

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Pero el video en que aparecen cuatro disidentes de las Farc, con poderoso armamento y hasta con lanzagranadas, deja en duda lo que todos creían: que en una zona de tanta conflictividad por lo menos un espacio institucional como el Palacio Municipal estaría protegido.

Desafío es el que este grupo ilegal le hace al Estado, uno más dentro de la cascada de casos con los cuales pretenden posar como un fuerza paralela que está buscando deslegitimar al Gobierno y dar a entender que en esa zona se ha perdido el control.

Operativamente hablando, la presencia y control permanente de las Fuerzas Militares debe de ser la orden a las tropas que los ciudadanos esperarían para –por lo menos- evitar hechos como el de los disidentes patrullando tranquilamente a plena luz del día, porque el mensaje que ha quedado es el de una manifiesta debilidad en el accionar militar.

Omisión en garantizar la seguridad ciudadana en territorio tibuyano es lo que ha decidido empezar a averiguar la Procuraduría, asunto sobre el cual debe irse hasta las últimas consecuencias, porque la falla o error en los planes para controlar un municipio situado en el corazón del conflicto armado, no es admisible.

Duele decirlo, pero el vacío que los grupos armados ilegales que disputan el territorio y las economías producto del narcotráfico, tratan de hacer ver que están suplantando y confrontando a las autoridades mediante osadas acciones propagandísticas como la captada en el video, el cual seguramente es realizado con rapidez, antes de desaparecer del sitio.

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Lo lógico en un escenario en donde están las bacrim, las  disidencias de las Farc, la guerrilla del Eln, los carteles mexicanos de la droga y otras organizaciones criminales, es que desde hace mucho tiempo atrás el casco urbano de Tibú y el de los demás municipios catatumberos, debería contar con patrullajes combinados de Policía y Ejército y el respaldo de los soldados a los primeros.

Esa es opción válida en un territorio sometido a los rigores de la guerra para proteger a la población civil y garantizar la protección de sus bienes y de ser objeto de acciones al margen de la ley por parte de grupos que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.

Por el momento ha quedado dada la orden del general Eduardo Zapateiro, como comandante del Ejército, de asignar “más tropas especializadas para Tibú. Hemos llegado a unos compromisos y es estar asistiendo, apoyando a la Policía Nacional, en el casco urbano de Tibú y en la parte rural”.

Lo ocurrido se da en momentos que transcurre la transición hacia el nuevo gobierno que se instalará el 7 de agosto, cuando llegue al poder el presidente electo Gustavo Petro, que en campaña puso como elemento principal la paz, la profundización del acuerdo alcanzado con las Farc, la posibilidad de un diálogo con el Eln y también buscar sometimientos judiciales a las demás organizaciones armadas ilegales.

Y, como si lo anterior no fuera bien grave, dentro del ambiente de tensión política que persiste en Colombia, lo hecho por la disidencia de las Farc en Tibú ya ha trascendido y empezado a ser utilizado en contra del nuevo gobernante, quien fue miembro de la desmovilizada guerrilla del M-19, durante el gobierno de Virgilio Barco. 

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