Un informe de La Opinión reveló que en La Parada pululan las droguerías informales -por llamar de alguna manera las ventas de garaje de medicamentos de dudosa procedencia-.
En razón de que no se trata de un hecho de poca monta, puesto que hay por lo menos 80 de estas ventas ilegales en ese punto fronterizo de Villa del Rosario, esperaría la comunidad una acción contundente de las autoridades de salud.
Y aquí valen dos preguntas para el alcalde Carlos Julio Socha: ¿Ya ordenó operativos conjuntos entre la Secretaría de Salud Municipal y la Policía a esos negocios?
¿Ya ordenó confirmar las versiones callejeras de que en algunos barrios del municipio histórico se fabrican esas medicinas falsificadas, muchas de las cuales contienen hasta cemento?
Pero y ¿qué estará haciendo sobre este particular el Instituto Departamental de Salud para ponerle freno a ese caso de comercialización de drogas falsificadas, cuya mayoría de clientes proceden de Venezuela?
Muchas dudas asaltan, porque tranquilamente y a la luz de todos opera este negocio, que tiene a Norte de Santander en boca de todos en el Táchira por ese flagelo.
“Falsifican los que son de uso común por la necesidad de la población venezolana y están entrando por los caminos verdes de los estados fronterizos. Una parte se queda en Táchira-por ejemplo- y otro gran porcentaje de esos fármacos llega al centro de Venezuela para venderlos en bodegas y en las calles”, es la denuncia de William Velasco, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana.
Luego no hay que esperar hasta que alguien vaya y denuncie. El Estado debe de ser activo, vigilante y al servicio de la gente y garante de la vida y la salud, y no solo estar cruzado de brazos viendo la procesión.
Esta economía ilegal, dentro de las tantas que operan en la frontera colombo-venezolana, se ha aprovechado de la crisis del vecino país para surtir el comercio de medicinas, pero con productos elaborados a base de almidón de yuca, ácido bórico, talco, cemento, jarabes de agua y colorantes.
Es urgente entonces que las autoridades actúen para extirpar este peligroso mal para la salud pública, puesto que van desde antiinflamatorios oftálmicos hasta drogas para la hipertensión y la diabetes.
Y este asunto no debe enmarcarse simplemente como una violación a normas del Invima o del Ministerio de Salud, puesto que se encierra el elemento de poner en riesgo la vida de los pacientes que consumen esas medicinas adulteradas o pasadas, que puede conducirlos a empeorar su salud o a correr el riesgo de morir, introduciendo ahí factores que rayan con el Código Penal.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
